El alcalde Daniel Jadue enfrenta un proceso judicial en el que se le acusa de delitos como cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Estos cargos se enmarcan en la investigación del caso Farmacias. Sin embargo, un grupo que incluye a ocho parlamentarios del Partido Comunista y a alrededor de 1.500 personas, entre las que destacan personajes como Raúl Zurita y Gabriel Salazar, han firmado una carta en la que manifiestan su apoyo a Jadue.
En la carta, los firmantes sostienen que el caso representa una persecución política y judicial contra Jadue. Critican al Ministerio Público y a la fiscal a cargo de la causa, Giovanna Herrera, por haber advertido al abogado de Jadue en abril que podría pedir su detención si insistía en viajar a Venezuela. Según los firmantes, Jadue podría haber solicitado refugio en Venezuela debido a sus críticas a la imparcialidad de la investigación.
Los firmantes de la carta ven el caso contra Jadue como una amenaza contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile. Reconocen la labor de Jadue como alcalde de Recoleta, destacando sus innovaciones en la política local y el uso eficiente de los recursos públicos. Resaltan servicios proporcionados por el municipio de Recoleta bajo su liderazgo como la Farmacia Popular, la Óptica, el Centro de Rehabilitación Popular y el Centro Audiológico, la librería popular, la red de bibliotecas y la Universidad Abierta de Recoleta.
Los firmantes también destacan la expansión de las farmacias populares a más de 170 comunas en Chile, ofreciendo medicamentos a precios entre un 64% y 68% más bajos. Sin embargo, señalan que 63 municipios no pagaron sus cuotas a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), lo que provocó su quiebra y llevó al desarrollo de la guerra judicial contra Jadue.
La carta también critica la cobertura sesgada de los medios de comunicación sobre el caso, que considera que refuerza la percepción de un juicio con motivaciones políticas más que legales. Los firmantes consideran que no existen fundamentos sólidos para formalizar acusación alguna por ninguno de los delitos que se le imputan a Jadue.
Además, los firmantes critican la decisión de impedir que Jadue realizara un viaje internacional, a pesar de no estar sujeto a restricciones legales conocidas que le impidieran salir del país. Esta decisión se basó en una amenaza verbal de una fiscal, que sugirió la posibilidad de emitir una orden de detención debido a un presunto “peligro de fuga o asilo”. Los firmantes consideran que esta acción no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que también viola el deber de objetividad que debe regir la conducta del Ministerio Público.
La carta concluye con un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y organizada para detener la guerra judicial contra Jadue. Solicitan una revisión inmediata y exhaustiva del caso, asegurando que se respeten los derechos de Jadue y se restaure la confianza en las instituciones judiciales. Piden que el sistema legal actúe con la máxima transparencia y justicia, libre de cualquier influencia política o personal.
