La Contraloría General de la República de Chile se encuentra en medio de una controversia impulsada por los diputados de Chile Vamos, quienes han solicitado un sumario administrativo contra el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social. Los parlamentarios, representados por Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), han presentado su queja debido a la difusión de un spot publicitario del gobierno relacionado con la reforma previsional. Según los parlamentarios, este anuncio es “ilegal y tendencioso”.
La acusación se basa en la afirmación de que el contenido del video minimiza la posición de la oposición en el debate político. Según los parlamentarios, el spot simplifica el debate de manera tendenciosa y vincula de manera incorrecta el proyecto de ley a la Pensión Garantizada Universal, una política pública ya vigente en el país. El proyecto de ley mencionado aún no ha sido aprobado, lo que ha llevado a los diputados a criticar el uso de recursos públicos para su promoción.
Frank Sauerbaum, uno de los parlamentarios que presentó la queja, ha señalado que esta práctica contraviene las normas de administración del Estado. Los diputados de Chile Vamos sostienen que el spot publicitario fue financiado por la Subsecretaría de Previsión Social, a través de un contrato que implica un pago de 430 millones de pesos a la Administración. Además, este monto podría aumentar hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica.
Los parlamentarios sostienen que esta inversión en publicidad se traduce en una difusión tendenciosa favorable a la posición gubernamental sobre una iniciativa que aún se encuentra en trámite legislativo. Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada UDI, ha declarado que es inapropiado hacer publicidad sobre algo que aún no es ley, calificando la acción como una forma de presionar al parlamento de manera indebida, ilegal y arbitraria.
Jorge Guzmán, de Evópoli, ha criticado duramente al Ministerio del Trabajo, argumentando que ha cometido una falta grave a los principios de probidad y legalidad al financiar una campaña millonaria para una política pública que aún no existe. Guzmán ha instado a la Contraloría a declarar la campaña publicitaria ilegal y exigir la restitución de los fondos utilizados.
La crítica también fue respaldada por Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional, quien afirmó que el spot publicitario es ilegal ya que la Subsecretaría de Previsión Social no tiene competencias para publicitar una materia que aún no ha sido sancionada por el Congreso Nacional.
Este caso pone de relieve el delicado equilibrio que deben mantener los gobiernos al promover sus iniciativas de política pública. Mientras que es esencial para la funcionalidad de un estado democrático que las propuestas de reforma sean comunicadas al público, también es crucial que dicha comunicación se realice de manera justa y equitativa, sin favorecer indebidamente a una parte o distorsionar la realidad del debate parlamentario.
La Contraloría General de la República ahora tiene en sus manos la tarea de investigar estas alegaciones y determinar si hay mérito en las quejas presentadas por los diputados de Chile Vamos. La decisión final que tome la Contraloría, independientemente de cuál sea, tendrá implicaciones significativas no solo para los implicados en este caso, sino también para la futura conducta del gobierno y la manera en que se promueven las políticas públicas en Chile.
