En un sorprendente desarrollo de acontecimientos, a principios de mayo, el gobierno liderado por Dina Boluarte desactivó un equipo policial especial dirigido por el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado. Este movimiento estratégico ocurrió pocos días antes de que un equipo especial de fiscales contra la corrupción, conocido como Eficcop, llevara a cabo una operación para arrestar a Nicanor Boluarte, el hermano de la Presidenta.
Nicanor Boluarte es sospechoso de ser el líder de Los Waykis en la Sombra, una presunta organización criminal. Por este caso, se esperaba que la Fiscalía de la Nación presentara una denuncia constitucional contra la Presidenta Boluarte. Sin embargo, en un giro reciente, se ha revelado que la entidad finalmente denunció a la Presidenta por el caso conocido como Rolexgate. De acuerdo con la acusación, Boluarte es la autora del delito de cohecho pasivo impropio (soborno), ya que, según el Ministerio Público, la entrega de relojes Rolex y joyas de lujo por parte del gobernador de Ayacucho implica un abuso de su función pública.
La presidenta Dina Boluarte se presentó a la Fiscalía de la Nación para declarar sobre la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). De acuerdo con su defensa legal, la Presidenta habló ante las autoridades y no se mantuvo en silencio, un hecho notable en medio de los procedimientos legales en curso relacionados con el caso Rolexgate.
Se esperaba que el caso Rolexgate se convirtiera en uno de los mayores escándalos de la gestión de Boluarte. El asunto ha atraído una considerable atención mediática y ha sido objeto de intensos debates en todo el país. A pesar de enfrentar acusaciones graves y tener una tasa de aprobación de solo el 5% según la última encuesta, la Presidenta Boluarte sigue instando a la unión del país.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha salido en defensa de la Presidenta, argumentando que la denuncia contra ella es ilegal. Adrianzén ha descrito la situación como una persecución sistemática en materia fiscal, y ha llamado a todas las partes a respetar el debido proceso y a actuar de acuerdo con la ley.
El caso de Boluarte es solo el último de una serie de escándalos de corrupción que han sacudido a la élite política peruana en los últimos años. La desactivación del equipo de la PNP y la posterior denuncia contra la Presidenta han puesto en relieve las tensiones en curso entre el gobierno y el sistema judicial, y han planteado preguntas serias sobre la integridad del sistema político del país.
En última instancia, la forma en que se maneje este caso podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Boluarte y del Perú en general. A medida que el caso Rolexgate continúa desarrollándose, los peruanos y la comunidad internacional estarán observando de cerca para ver cómo se manejan estos graves cargos de corrupción.
Por Aarón Rodríguez; Lima.
