El reconocido economista y académico chileno, Bernardo Fontaine, se ha sumado a la lista de críticos del gobierno por su reciente spot publicitario titulado “Mejores Pensiones para Chile”. La polémica alrededor de esta campaña gubernamental ha alcanzado tal nivel que ha llegado hasta la Contraloría General de la República. En una entrevista reciente con Radio Infinita, Fontaine calificó el spot como “inspirado en el chavismo”, cuestionando la postura del gobierno de promover sus políticas a través de la publicidad.
Fontaine no solo ha criticado el método de promoción del gobierno, sino que ha apuntado hacia tres falsedades que considera rodean este spot. En su opinión, estas inexactitudes son comparables a los errores cometidos por la expresidenta Michelle Bachelet en 2014 con su reforma tributaria, la cual él califica de “desastrosa”. Fontaine recuerda, con cierto tono de advertencia, que esa reforma también fracasó.
La primera inexactitud que señala Fontaine es la afirmación del spot de que la cotización adicional será asumida por el empleador, y no por el trabajador. Sin embargo, el economista aclara que, aunque la ley establezca que el empleador debe asumir esta carga, la realidad es que todos la asumiremos. Esto se traducirá en menos aumentos de salarios futuros y menos empleo, advierte.
El segundo punto de crítica de Fontaine tiene que ver con el Fondo Solidario. Según el economista, hay muchos cotizantes que perderán con la reforma al cotizar en este fondo, ya que no recibirán a cambio ni siquiera lo que cotizaron.
La tercera y última inexactitud que Fontaine denuncia es la justificación de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sobre la falta de capacidad de comunicación del Ejecutivo. Contrariamente a lo que afirma Jara, Fontaine sostiene que el gobierno tiene una capacidad de comunicación infinita, hasta el punto que ningún medio de comunicación, por pequeño que sea, puede resistirse a reproducir hasta los suspiros de los ministros.
En cuanto a la discusión sobre el monto de las cotizaciones, Fontaine sostiene que debería girar en torno a un 4% adicional, en lugar del 6% actualmente propuesto. Añade que las cotizaciones deben ser 100% para el trabajador, un principio que considera irrenunciable.
El economista, también ex convencional constituyente entre 2021 y 2022 y director de empresas como Grupo Security, argumenta que Chile no está preparado para asumir el costo del 6%. Esto se debe a que tal incremento elevaría los costos de toda la economía, lo que complicaría aún más la búsqueda de empleo, la negociación de aumentos de salario y la compra de bienes, debido a que los costos adicionales se traducirán en un aumento de los precios en la mayoría de los bienes.
Para lograr un acuerdo con el gobierno, Fontaine propone una proporción de tres y uno, en la que el 3% vaya a la cuenta individual del trabajador y un 1% pueda ser prestado. Aunque preferiría que todo el 4% fuera a la cuenta individual, considera que es posible establecer este 1% como un préstamo. Este préstamo, que luego se convertiría en una deuda para el gobierno, podría ser absorbido por el crecimiento económico del país. En este sentido, reitera que las cotizaciones deben ser propiedad de los trabajadores y que el Estado debe estar totalmente obligado a devolverlas mediante este mecanismo de deuda.
En cuanto a la solidaridad promovida por el gobierno, Fontaine la critica duramente. Según él, esta solidaridad solo se da entre los cotizantes, y lo que realmente ocurre es que la reforma extrae cotizaciones de los cotizantes y las pasa a los jubilados actuales, dejando a los cotizantes con peores pensiones.
Para finalizar, Fontaine enfatiza que es necesario ponerle números a la discusión para poder debatir basándose en la realidad. En su opinión, nunca se ha mostrado quiénes van a pagar la solidaridad ni quiénes tienen tasas de reemplazo más bajas. Además, basándose en el hecho de que las mujeres jubiladas cotizaron poco, sostiene que el 50% de las jubiladas actuales no recibiría nada de la reforma de pensiones y un 21% restante recibiría menos de 10.000 pesos, lo que significa que el 71% de las jubiladas recibiría poco o nada de la reforma de pensiones.
