La propuesta del Ministerio de Trabajo liderado por Jeannette Jara (PC) de realizar un spot a través de la Subsecretaría de Previsión Social con el objetivo de endurecer la posición en torno al proyecto de ley de reforma de pensiones ha sido una fuente de discusión durante meses. Esta propuesta surgió después de que las negociaciones se estancaran en la comisión del Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.
Desde el principio, no todos estuvieron de acuerdo con la difusión de los vídeos de la campaña “Mejores pensiones para Chile”. La Secretaría de Comunicaciones (Secom) advirtió que endurecer el tono podría traer consecuencias muy negativas en la búsqueda de un acuerdo y también en el clima previo a la cuenta pública.
Estas advertencias también fueron expresadas dentro del comité político cuando se le dio suma urgencia al proyecto en la comisión del Senado, dado que se acababa de establecer un cronograma de trabajo. Sin embargo, la ministra Jara, en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo, insistió en la necesidad de contrarrestar las campañas publicitarias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Jara defendió la campaña alegando que el gobierno está informando y continuará haciéndolo con todas las virtudes y desafíos que este proyecto de ley presenta. Acusó a las AFP de invertir “una gran cantidad de recursos en desinformar a la ciudadanía” más que en informarla.
Para la difusión del spot, los equipos jurídicos de la ministra, en coordinación con La Moneda y en consulta con el ministro de Justicia, Luis Cordero, un experto en derecho administrativo, estudiaron la legalidad y las consecuencias que podría traer. Revisaron lo ocurrido el año pasado con la gira por regiones de Jara y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por los encuentros ciudadanos por pensiones y por la cual la derecha fue a Contraloría.
En el marco de los cuestionamientos, desde La Moneda suspendieron un despliegue de ministros en regiones para difundir el proyecto de ley que aún no ha sido despachado por el Parlamento. Sin embargo, el ente fiscalizador dictaminó que el gobierno no incurrió en proselitismo y que sí podía difundir un proyecto de ley mientras se especificara que estaba en trámite.
Además, los equipos jurídicos tomaron en cuenta un informe de Contraloría de 2019 en que se planteaban argumentos similares. Con toda esta información, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, se realizó un contrato de $430 millones con CyberCenter S.A. para la realización de varias campañas que incluyen varias entregas sobre la materia.
Después de la publicación del spot, desde la Subsecretaría precisaron que “el costo neto del spot específico de la reforma de pensiones fue de $47.501.123 con IVA y comisión″. “Tanto el spot de referencia como toda la comunicación, campaña o difusión de este y los elementos asociados a la difusión de la reforma al sistema de pensiones, cumplen con cada uno de los requisitos que indica el informe de Fiscalía para la realización de información pública de una medida incluida en un proyecto de ley”, plantearon desde la Subsecretaría al ser consultados por las críticas de la oposición.
La ofensiva del gobierno contra la oposición no fue algo improvisado. En los días previos a la cuenta pública, se transmitió en varias instancias y a través de documentos a los partidos que se interpelará a la derecha por su obstruccionismo en materia de pensiones.
La jugada de La Moneda generó la reacción inmediata de la oposición, que acusó de ilegalidad la campaña e ingresaron un recurso en Contraloría para que investigara el caso. El Ejecutivo fue acusado de traspasar un límite al utilizar los recursos que pertenecen a todos los chilenos para hacer proselitismo político e impulsar su propia visión ideológica sobre un proyecto tan importante para nuestro país como es la reforma de pensiones.
