Este martes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se enfrenta a un interrogatorio ante el fiscal general peruano, Juan Carlos Villena, en medio de un escándalo de corrupción que ha sumido a su gobierno en una crisis. Las acusaciones se centran en la desactivación de una unidad policial anticorrupción, y surgen en un momento en que Boluarte ya lucha por mantener a flote su gobierno en medio de una serie de desafíos.
La desactivación de la unidad anticorrupción ha sido vista con sospecha dado que el equipo policial estaba involucrado en una investigación contra el hermano de Boluarte, Nicanor, que fue arrestado un día después de la disolución de la unidad. Nicanor Boluarte fue liberado el 17 de mayo por un tribunal que determinó que no había riesgo de fuga ni de obstaculización de la justicia. Sin embargo, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, insiste en que la presidenta Boluarte no guardará silencio durante su comparecencia ante el fiscal general Villena.
La liberación de Nicanor Boluarte se produjo una semana después de su detención preliminar por supuesta comisión del delito de tráfico de influencias. Nicanor Boluarte, el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, y otros sospechosos fueron arrestados en relación con una supuesta red de tráfico de influencias conocida como la operación ‘Waykis en la sombra‘.
El caso fue impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados formaban parte de una red para la designación de prefectos y subprefectos (delegados del gobierno en las regiones), en relación con la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
Además de la investigación sobre la desactivación de la unidad anticorrupción, Boluarte también se enfrenta a un segundo escándalo conocido como el ‘Rolexgate‘. Esta investigación se refiere a varios relojes de lujo que la presidenta lució sin haber declarado previamente.
Esta segunda investigación llevó a la Fiscalía de Perú a presentar el lunes una denuncia constitucional contra Boluarte «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado». La denuncia constitucional es un procedimiento especial aplicable a los altos funcionarios del Estado, incluyendo a la presidenta, quien goza de inmunidad. Esta denuncia ahora debe ser considerada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
En respuesta a estas acusaciones, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, defendió a la presidenta, afirmando que era víctima de «una persecución inconstitucional e ilegal» por parte de la Fiscalía. Adrianzén expresó su indignación por las acusaciones, alegando que socavaban las funciones constitucionales de Boluarte.
El ministro del Interior, Juan José Santivez, también intervino, recordando que la presidenta cuenta con inmunidad y que cualquier denuncia constitucional contra ella debe ser decidida por el Congreso.
Estos acontecimientos son los últimos en una serie de desafíos que Boluarte ha enfrentado durante su presidencia. Estos desafíos, y las continuas acusaciones de corrupción, han puesto en duda la capacidad de Boluarte para liderar eficazmente el país en un momento crítico para Perú.
