En el escenario socioeconómico actual de Chile, la lucha por el derecho a la vivienda se ha convertido en un desafío monumental para un número considerable de ciudadanos. Se estima que cerca de 72 000 familias viven en terrenos ocupados, un indicativo de la lucha diaria de miles de personas que buscan un techo sobre sus cabezas. La cruda realidad es que el mercado inmobiliario y los bancos son los que controlan el acceso a la vivienda, dejando a millones de personas sin hogar, especialmente en las frías estaciones de invierno.
Entre los afectados, existen familias que, hace cinco años, tomaron la iniciativa de ocupar un terreno y construir sus propias viviendas. Cansados de la burocracia y las interminables postulaciones para acceder a una vivienda social, decidieron tomar el asunto en sus propias manos y levantaron sus hogares desde cero. Sin embargo, hoy esos hogares se han convertido en cenizas.
El terreno en cuestión pertenece a una familia terrateniente. Los ocupantes del terreno intentaron comprar la tierra, pero la dueña se negó a vender. En un intento de buscar una solución, mantuvieron más de 50 reuniones con el Ministerio de Vivienda, pero no se llegó a ninguna solución.
Recientemente, la implementación de la ley Anti-tomas ha agravado la situación. Esta nueva ley otorga mayores atribuciones a las policías para desalojar terrenos ocupados, lo que tiene como resultado que los ocupantes de estos terrenos se queden en la calle.
Antes del mediodía del desalojo, ya no quedaban viviendas en el terreno en cuestión. Se destruyeron infraestructuras vitales como la escuela comunitaria y el comedor colectivo. Niños, adultos mayores y mascotas quedaron heridos en el desalojo.
La falta de política habitacional en Chile y la entrega de la construcción al sector privado han generado un déficit de viviendas que aumenta cada año. Sin apoyo estatal, las familias desalojadas se encuentran sufriendo con el frío y la lluvia.
Terrenos como el ocupado, que podrían ser utilizados para construir viviendas, hoy están destinados para el lucro de unas pocas familias. En este contexto, los sueños de miles de personas se reducen a escombros, mientras que la brecha socioeconómica se ensancha.
Estas situaciones plantean un problema urgente y complejo que requiere una solución integral. El acceso a la vivienda es un derecho fundamental que no se está respetando en Chile. Las familias desalojadas y sin hogar son un recordatorio constante de las desigualdades presentes en la sociedad chilena.
En Santiago de Chile y en otras partes del país, miles de personas se encuentran en una situación precaria, viviendo en terrenos ocupados y enfrentando el riesgo constante de ser desalojados. La lucha por el derecho a la vivienda es una lucha por la dignidad, la seguridad y la estabilidad. Es un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para reflexionar sobre las políticas habitacionales actuales y buscar soluciones viables y a largo plazo.
Beatriz Michell, Santiago de Chile.
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