Un escándalo de salud ha sacudido Chile tras la revelación de que el Hospital Sótero del Río en Puente Alto había eliminado más de 300 mil interconsultas de sus listas de espera. Esta sorprendente revelación ha llevado a la Contraloría General de la República a iniciar una investigación de otros 11 hospitales en todo el país para determinar si se trata de una práctica común.
La investigación se inició después de una solicitud del presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS). El senador ha pedido que se verifique si este escándalo se ha replicado en otros centros hospitalarios de todo Chile.
Los hospitales en la mira de la Contraloría son: Hospital Regional de Antofagasta, Hospital Regional de Rancagua, Hospital Regional de Talca, Hospital Regional de Temuco, Hospital Gustavo Ficke de Viña del Mar, Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Hospital Sótero del Río, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Hospital Barros Luco Trudeau, CRS Hospital Provincia Cordillera y Hospital San José.
El caso del Hospital Sótero del Río fue revelado después de una auditoría realizada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. La auditoría reveló que el hospital había eliminado las listas de espera de pacientes para interconsultas GES y no GES.
Según informes, esta eliminación de las listas de espera se realizó sin seguir los criterios establecidos por el Ministerio de Salud. La auditoría describió la situación como de «criticidad alta». Los pacientes que fueron erróneamente dados de alta de la lista de espera se quedaron sin la atención necesaria, y el hospital actuó sin respetar la normativa vigente.
Tras la revelación del caso del Hospital Sótero del Río, se denunció un caso similar en el Hospital Cordillera. Según las denuncias, hasta 13 mil pacientes podrían haber sido eliminados de las listas de espera en este hospital.
La eliminación de pacientes de las listas de espera sin un motivo justificado es una grave violación de las normas sanitarias. Los pacientes que han sido eliminados de las listas de espera se quedan sin la atención médica que necesitan y a la que tienen derecho. Este escándalo ha sacudido la confianza del público en el sistema de salud chileno y ha llevado a muchos a cuestionar la gestión de los hospitales.
La Contraloría General de la República tiene la tarea de garantizar que las instituciones públicas sigan las normas y reglamentos. La investigación de estos 11 hospitales es esencial para restablecer la confianza del público en el sistema de salud. Será fundamental que la Contraloría lleve a cabo una investigación exhaustiva y rigurosa para garantizar que se haga justicia.
La salud es un derecho fundamental y los hospitales tienen la responsabilidad de proporcionar atención médica a todos los que la necesiten. La eliminación de pacientes de las listas de espera sin una razón válida es una violación de este derecho. Esperamos que la Contraloría pueda llegar al fondo de este asunto y garantizar que se tomen medidas para prevenir que esto vuelva a suceder.
En medio de este escándalo, es esencial que los hospitales y las autoridades sanitarias tomen medidas para garantizar la transparencia y la responsabilidad. Es fundamental que los hospitales se adhieran a las normas y reglamentos y que los pacientes reciban la atención que necesitan y merecen. La salud y el bienestar de los chilenos deben ser siempre la prioridad.
