La noción de inmigrantes «ilegales» es un término engañoso y deshumanizante, utilizado principalmente por los partidos ultras para estigmatizar a aquellos que buscan refugio económico o asilo político en Europa. La etiqueta se usa para describir a los que llegan a la Unión Europea (UE) y a los que algunos grupos de extrema derecha desean deportar a campos de concentración en países terceros que carecen de democracia. Estos partidos buscan aprovechar las elecciones europeas del 6 al 9 de junio para endurecer la política migratoria europea.
A pesar de la retórica, no hay inmigrantes ilegales. Pueden estar en una situación ilegal, pero eso no es su responsabilidad. Más bien, es el deber de la sociedad de acogida, que ha sido históricamente un semillero de emigrantes, ajustar sus estructuras de acogida, sociales, educativas, sanitarias y habitacionales. La etiqueta «inmigración ilegal» no aparece en el Tratado de Roma de 1957, que estableció la Europa moderna, sino que sólo se introdujo en su revisión deficiente en Niza en 2001.
Aun aceptando esta etiqueta, no es apropiado considerar la inmigración como un problema. Según el último Eurobarómetro, una encuesta amplia del Parlamento Europeo realizada en abril, la migración y el asilo ocupan sólo el séptimo lugar en la lista de intereses y preocupaciones. Además, se sitúan en el octavo lugar en la lista de prioridades para el futuro de la UE. A pesar de que una amplia mayoría «percibe» que hay demasiadas personas de terceros países en su entorno, según la encuesta BVA Xsight para ARTE.
La historia reciente demuestra que la inmigración no es un problema real. El gran flujo de sirios y afganos que llegaron desde Turquía en 2015 causó fricciones políticas, más que sociales, sólo porque el gobierno húngaro y algunas fuerzas extremistas lo utilizaron para sus propios fines. Este flujo de un millón de personas es insignificante en comparación con los más de cinco millones de refugiados ucranianos que se incorporaron a la UE con total normalidad tras la activación de la directiva europea de protección temporal el 4 de marzo de 2022, apenas una semana después de la invasión.
Contrariamente a la percepción popular, la inmigración no es un problema para el empleo, sino su solución. No perjudica a los desempleados autóctonos, como lo demuestra el caso de España, el país de la UE con la tasa de desempleo más alta. A septiembre de 2023, todavía hay 155.797 vacantes en este país, puestos de trabajo que no se han cubierto debido a la falta de demandantes de empleo. A nivel europeo, este desfase se triplica hasta el 3,1%, según el informe Atraer capacidades y talento a la UE publicado por la Comisión en 2022.
Además, gracias a los inmigrantes, el número total de empleados ha superado con creces el hito histórico de 21 millones. De los millones de empleos creados entre 2022 y 2023, más de la mitad, 536.000, tuvieron que ser cubiertos por trabajadores extranjeros. Este número asciende a 650.000 si se incluyen a los que tienen doble nacionalidad.
En cuanto a los servicios sociales, la inmigración no representa un problema, como lo demuestra la ausencia de conflictos y manifestaciones callejeras al respecto. Aunque hay desajustes, saturación y a veces colapso en determinados ambulatorios u hospitales y en algunas aulas escolares, también los habría si la población añadida fuese autóctona. El desafío real es cómo ampliar y mejorar las estructuras del Estado del bienestar para adaptarse a la nueva estructura demográfica de un país con una población potente de 48,5 millones de habitantes, gracias en parte a sus residentes extranjeros, que representan el 13,4% de la población.
Desde el punto de vista económico, la inmigración no es un problema, sino una solución. Los estudios del ICF, de la Fundación Bertelsmann, del FMI y de la OCDE indican que los beneficios de la inmigración en términos de PIB, productividad y contribución a la Seguridad Social y a Hacienda suelen ser superiores al coste de acomodar a los inmigrantes. En algunos lugares, como EE.UU., los inmigrantes crean empresas «a ritmo doble que los nativos» (Inmigration facts, fwd.us, 2020).
A pesar de estas conclusiones, varios gobiernos y partidos de la UE han adoptado la narrativa estigmatizante de la extrema derecha. Por ejemplo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está intentando establecer campos de deportados en Albania, y otros países están explorando la posibilidad de hacer lo mismo. Sin embargo, la justicia sigue siendo un baluarte contra estas medidas. El Tribunal Superior de Irlanda del Norte ha declarado ilegales estas expulsiones por dirigirse a un país «no seguro» y violar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra en su preámbulo como referencia obligatoria para los Veintisiete.
