Competencia entre la Corte de Arica y la Justicia Militar estanca segunda autopsia de Franco Vargas
El Caso Putre, la muerte del conscripto Franco Vargas en una marcha de instrucción militar, ha generado un ambiente de tensión y controversia a nivel nacional. La situación se torna más compleja debido a la actual disputa de competencia que existe entre la Corte de Arica y la Justicia Militar, lo cual ha provocado la paralización de la realización de una segunda autopsia al fallecido soldado.
Jorge Sáez, un fiscal judicial de la Corte Suprema, ha recomendado que la investigación de la muerte del conscripto sea llevada a cabo por la Justicia Militar. Según fuentes de la Radio BioBío, Sáez argumentó que tanto los responsables de la muerte de Vargas como las víctimas atribuidas a estos hechos son de carácter militar.
En su informe, el fiscal subrayó que los sucesos se desarrollaron en actos del servicio militar y en un contexto de paz, lo cual coincide con la definición de delitos establecida por el Código de Justicia Militar.
“En virtud de lo expuesto en los numerales precedentes, tanto por las personas involucradas como por el contexto en que habrían sucedido, resulta irrelevante si la calificación jurídica que se haga de los hechos se refiere a delitos comunes o propiamente militares, en el entendido que los tipos delictivos son aquellos referidos en este informe”, señala el documento presentado por el fiscal.
Jorge Sáez insistió en que “la investigación de los hechos se trata de una materia que cae dentro de la esfera de conocimiento de los tribunales militares”.
El fiscal de la Corte Suprema sostuvo su postura al declarar que “Por lo expuesto y atendido lo señalado, este Fiscal Judicial (s) es de opinión que proceda a resolver la contienda planteada declarando que es competente para conocer de estos antecedentes el Sexto Juzgado Militar con asiento en Iquique, el cual ha de continuar con la investigación de los hechos”.
Sáez concluyó que dicha judicatura tendrá la facultad de determinar, conforme a sus poderes constitucionales y legales, la participación de los diversos individuos indagados respecto a los sucesos y, en su caso, acusarlos penalmente por los delitos comunes y/o militares, ilícitos previstos en el Código Penal o en el de Justicia Militar y los que pudieran establecerse en el curso de la investigación.
La decisión final sería comunicada al Juez del Juzgado de Garantía de Arica y todos los antecedentes serán remitidos para su revisión y análisis.
Los detalles de esta situación siguen siendo objeto de debate y análisis en el ámbito legal y militar, y la decisión tomada en este caso podría sentar un importante precedente en la manera en que se manejan casos similares en el futuro.
El Caso Putre, como ha sido denominado, ha captado la atención del país entero y ha puesto en primer plano la discusión sobre la jurisdicción y competencia de los tribunales militares en casos que involucran a miembros de las fuerzas armadas.
La muerte del conscripto Franco Vargas y las circunstancias que rodearon este trágico evento continúan siendo objeto de investigación y seguimiento por parte de las autoridades competentes y de la opinión pública. La resolución de este caso podría tener profundas implicaciones tanto para el sistema de justicia militar como para la manera en que se llevan a cabo las investigaciones y se administra la justicia en casos similares.
