La noticia sobre la Fiscalía de la Nación de Perú, que se encuentra en la etapa final de preparación para presentar una denuncia constitucional contra la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sacudido el ambiente político del país. Esta denuncia también afecta directamente al Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien presuntamente habría favorecido a la mandataria proporcionándole objetos de alto valor.
Oscorima, se dijo, supuestamente había entregado a Boluarte varios artículos de lujo, entre ellos relojes de la marca Rolex y joyería como pulseras y aretes con un valor de miles de dólares. Debido a estos hechos, la Fiscalía ha formulado contra Boluarte acusaciones que incluyen enriquecimiento ilícito y cohecho. No obstante, las acusaciones no se detienen allí.
La Fiscalía también ha imputado a Boluarte por supuestos abusos de autoridad y obstrucción a la justicia, así como por encubrimiento personal. Esto último se debe a la desactivación de un equipo especial de la Policía que había allanado la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte.
La situación legal de la presidenta Boluarte se complica aún más. La Fiscalía tiene la intención de presentar una denuncia constitucional en su contra por una serie de delitos, entre ellos el abuso de autoridad y la corrupción. Además, el Congreso ha rechazado las siete mociones de vacancia presentadas en su contra, lo que podría interpretarse como un intento de proteger al Ejecutivo.
En medio de la controversia, Boluarte ha tomado una decisión legal contundente. Ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Parecería que la mandataria está decidida a luchar contra las acusaciones que pesan sobre ella.
A pesar de toda esta situación, el Ejecutivo sigue funcionando con normalidad. Incluso, ha afirmado que las acusaciones en su contra son “parte del supuesto odio” contra su gobierno. Esta afirmación sugiere que la presidenta Boluarte y su administración consideran que las acusaciones son infundadas y posiblemente motivadas por factores políticos.
Después de la renuncia de Mateo Castañeda, Boluarte ahora cuenta con un nuevo abogado. Juan Carlos Portugal será el encargado de asumir la defensa legal en el caso llamado “Los Waykis en la sombra”. Con el cambio de equipo legal, se espera que Boluarte tome un enfoque más agresivo en su defensa contra las acusaciones.
En este punto, queda claro que la situación legal de la presidenta Boluarte es un tema delicado. Con la Fiscalía de la Nación preparándose para presentar una denuncia constitucional, y con el Congreso rechazando las mociones de vacancia, el futuro de Boluarte como presidenta de Perú parece cada vez más incierto.
