El viernes pasado, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), la máxima autoridad judicial de las Naciones Unidas, emitió una orden a Israel para detener su ofensiva militar en Rafah, con el fin de evitar la «destrucción física» de los palestinos en esta región del sur de Gaza, hogar de más de un millón de personas desplazadas. Esta decisión es un nuevo revés para los planes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ocupar completamente el último rincón de la Franja en su lucha para erradicar a Hamás.
Sudáfrica, que presentó una denuncia contra Israel en diciembre por presuntos «actos genocidas», apoyó las peticiones de medidas cautelares. Los jueces del TIJ argumentaron que la situación humanitaria en Gaza es «excepcionalmente grave». En su fallo, ordenaron a Israel «detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción» en Rafah que pueda provocar la destrucción de los palestinos en Gaza.
Además, el tribunal instó a Israel a permitir «sin restricciones» la entrada de ayuda humanitaria a través del cruce de Rafah con Egipto, con el objetivo de proporcionar los «servicios básicos que se necesitan urgentemente» en la Franja. También exigió que se tomaran medidas para garantizar el acceso al enclave palestino de «cualquier comisión de investigación» bajo el mandato de los órganos competentes de la ONU para investigar las denuncias de genocidio presentadas por Sudáfrica.
El tribunal se abstuvo de exigir un alto el fuego a Israel en enero, cuando se pronunció por primera vez tras la denuncia de Sudáfrica. Sin embargo, la situación ha cambiado. Los jueces observaron que la «catastrófica situación humanitaria» en la Franja de Gaza, que ya corría un grave riesgo de deterioro, ha empeorado aún más desde su decisión del 28 de marzo. En esa fecha, el tribunal amplió las medidas cautelares dictadas en enero y exigió a Israel solucionar «la propagación del hambre y la inanición» en Gaza.
El 10 de mayo, tres días después de la entrada del ejército israelí en Rafah, Sudáfrica presentó una «solicitud urgente» ante el tribunal para detener la ofensiva. Sostuvo que la acción pone en peligro extremo el suministro de ayuda humanitaria y de servicios básicos en Gaza y debilitaría aún más el sistema médico que aún funciona en la Franja.
Israel respondió que, aunque es cierto que muchos civiles han evacuado Rafah en los últimos meses, la ciudad también sirve de bastión militar para Hamás. Rechazó que no hubiera cumplido con las medidas cautelares que exigían el suministro de servicios básicos y afirmó que ha adoptado «medidas extraordinarias para minimizar los daños a los civiles palestinos».
La orden a Israel para detener su ofensiva en Rafah fue apoyada por 13 de los 15 jueces del tribunal. Los únicos dos magistrados que votaron en contra fueron la vicepresidenta del TPI, la ugandesa Julia Sebutinde, y el juez israelí Aharon Barak.
El primer cargo israelí en responder fue el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien declaró que quienes «exigen que el Estado de Israel» detenga la guerra en Gaza «exigen que se decrete el cese de su existencia». A esta declaración se sumó un comunicado de la oficina de Netanyahu, respaldado por el ministro de Exteriores, Israel Katz, que calificó las acusaciones de Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en relación con el ‘genocidio’ de «falsas, indignantes y repugnantes».
Por su parte, Sudáfrica acogió «con satisfacción» la resolución dictada por los jueces. Zane Dangor, diplomático sudafricano, destacó que esta orden es pionera, ya que es la primera vez que se menciona explícitamente que Israel detenga su acción militar en cualquier zona de Gaza.
Mientras tanto, Hamás, que gobierna Gaza, celebró la decisión e indicó que «se compromete» a cooperar con los comités de investigación que entren en la Franja para investigar la actuación del ejército israelí.
