El 25 de mayo de 2024 marcó el segundo aniversario de un trágico evento en Uvalde, Texas, cuando un tiroteo en la escuela primaria Robb dejó un saldo sombrío de 19 estudiantes y dos profesoras muertos, así como el atacante. En el ojo del huracán legal que siguió al incidente, se encontraron tres entidades principales acusadas por las familias de las víctimas: Meta, la empresa matriz de Instagram, Activision, una conocida firma de videojuegos, y Daniel Defense, un fabricante de armas.
Las familias de las víctimas presentaron una demanda por «muerte por negligencia» contra estas tres empresas, alegando que su conducta contribuyó directamente al tiroteo en la escuela. El abogado que representa a las familias, Josh Koskoff, presentó la demanda, describiendo a las empresas como un «monstruo de tres cabezas» que expuso al atacante al arma, lo condicionó a verla como una herramienta para resolver sus problemas y lo entrenó para usarla.
Uno de los acusados, Activision, es el distribuidor del popular videojuego de disparos en primera persona Call of Duty. Según la oficina de Koskoff, este videojuego «entrena virtualmente para matar» e «insensibiliza» y «recompensa» a los jugadores, creando una interacción que imita perfectamente el uso de armas reales.
Además, se acusó a Instagram, propiedad de Meta, de cortejar al tirador con «marketing explícito y agresivo». Por último, Daniel Defense, el fabricante del rifle tipo AR-15 utilizado por el atacante, fue acusado de usar Instagram para enaltecer el uso ilegal y asesino de sus armas.
Las acusaciones contra Meta y Activision se presentaron en tribunales de California, mientras que Daniel Defense fue demandado en Uvalde, Texas. En respuesta a las acusaciones, un portavoz de Activision calificó el tiroteo en Uvalde como «horrendo y desgarrador», pero también señaló que «millones de personas en todo el mundo disfrutan de los videojuegos sin recurrir a actos horribles».
Hasta el momento, ni Meta ni Daniel Defense han emitido una respuesta a las demandas. Sin embargo, las familias de las víctimas ya han obtenido alguna forma de compensación a principios de esta semana al llegar a un acuerdo de indemnización por 2 millones de dólares con la ciudad de Uvalde. Este acuerdo se alcanzó como compensación por lo que el Departamento de Justicia describió como «fallas críticas» de la policía de la ciudad en su respuesta al tiroteo.
El abogado Koskoff también ha insinuado que planea demandar a los agentes de Texas que tardaron en reaccionar al tiroteo. Este es un desafío particularmente relevante en un país donde aproximadamente un tercio de los adultos posee un arma de fuego y las regulaciones para la compra de rifles potentes de estilo militar son laxas.
Este caso pone de relieve la complejidad inherente a los tiroteos en las escuelas en los Estados Unidos y las numerosas fuerzas sociales y culturales que pueden contribuir a tales incidentes. Al centrarse en la influencia de las redes sociales, los videojuegos y la disponibilidad de armas de fuego, la demanda de las familias de las víctimas intenta abordar algunas de estas fuerzas en un intento por prevenir futuros tiroteos en las escuelas. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para estas tres industrias y para el debate en curso sobre la violencia armada y la seguridad en las escuelas en los Estados Unidos.
