En el camino hacia un futuro más sostenible, la transición a una economía baja en carbono se ha convertido en una necesidad ineludible para la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros. Este compromiso se enmarca dentro del Acuerdo de París, cuyo objetivo es alcanzar emisiones netas de carbono cero para el año 2050. Este cambio de paradigma requerirá un análisis exhaustivo de los sectores económicos, con especial atención al sector del transporte, que representa una proporción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y ha experimentado un aumento constante desde 1990, a pesar de los esfuerzos para mitigar dichas emisiones.
La electrificación del transporte terrestre se presenta como una solución viable para contrarrestar este desafío, aprovechando tecnologías como los vehículos eléctricos, que ya han demostrado su capacidad para mejorar la calidad del aire y reducir las consecuencias negativas asociadas con los combustibles fósiles. En este contexto, España, con su abundancia de recursos renovables, parece estar en una posición estratégica para liderar esta transición y disminuir su dependencia de las importaciones de energía.
El cambio hacia un transporte más ecológico y eficiente no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas y sociales. Teniendo en cuenta que España posee la mayor cantidad de horas de luz solar en comparación con otros Estados miembros de la UE, alberga uno de los depósitos de litio más grandes del continente y ocupa el tercer lugar en capacidad de generación de energía renovable en Europa, surge la pregunta: ¿Por qué continuar importando energías fósiles como el petróleo y el gas natural en un momento de crisis climática y creciente tensión geopolítica?
La internalización de la cadena de suministro de baterías en Europa no solo reduciría las emisiones de carbono, sino que también crearía empleos y estimularía la innovación en sectores clave de alta tecnología y sostenibilidad. Además, acortar las cadenas de suministro y promover la producción local de baterías y sus componentes fortalecería la autonomía estratégica de Europa y garantizaría el cumplimiento de estándares ambientales y sociales rigurosos.
En este camino hacia un futuro más sostenible, surge un debate sobre la ética y la responsabilidad moral. ¿Debemos priorizar el bienestar a largo plazo del planeta y sus habitantes, o seguir aferrados a modelos económicos que contribuyen al cambio climático y la degradación ambiental? Este dilema es especialmente relevante en el contexto de las elecciones europeas, donde los ciudadanos de todos los Estados miembros tienen la oportunidad de influir en la dirección política y económica de la región.
Obstaculizar y ralentizar la transición ecológica, como buscan ciertas empresas y gobiernos populistas de algunos Estados miembros, constituye una grave amenaza para el bienestar económico y social en Europa. Por el contrario, impulsar esta transición conlleva beneficios tanto para la salud pública como para la economía.
Establecer objetivos ambiciosos de electrificación para las empresas que poseen o alquilan grandes flotas de vehículos a través del leasing (o renting) es crucial para avanzar hacia emisiones cero. Además, esto facilitará la democratización del vehículo eléctrico, ya que al finalizar el período de alquiler, estos vehículos alimentarán un incipiente mercado de vehículos de segunda mano.
La implementación de incentivos fiscales dirigidos principalmente a empresas y la introducción de un programa de leasing social dirigido a los grupos de población con ingresos más bajos se plantean como soluciones para que la transición hacia la movilidad eléctrica sea más accesible y equitativa para todos los sectores de la sociedad. Este programa podría formar parte del plan social por el clima, financiado parcialmente por fondos de la Unión Europea.
Es crucial que tanto la Unión Europea como sus Estados miembros tomen medidas decisivas en este sentido, aprovechando oportunidades como el anteproyecto de ley español de industria y autonomía estratégica o la ley de movilidad sostenible, para marcar el rumbo hacia un futuro más limpio y sostenible. Tras las próximas elecciones, los eurodiputados llevarán a cabo las políticas elegidas por sus votantes.
Isabell Büschel, directora en España de la ONG Transport & Environment, es una apasionada defensora de la integración europea debido a los inmensos beneficios que nos procura, y sostiene que acelerar la transición ecológica es sinónimo de bienestar mientras que dilatar esa transformación no hace nada más que disminuir nuestra resiliencia frente al calentamiento global, la aceleración de eventos climáticos extremos y variaciones en el abastecimiento de energías y materias primas.
