El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ) ha emitido una orden a Israel para que cese de inmediato su ofensiva militar contra Rafah, en el sur de Gaza. Esta orden se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la «catastrófica situación humanitaria» que se ha vuelto «desastrosa» en el área. El Tribunal también ha solicitado que Israel mantenga abierto el paso de Rafah, que limita con Egipto, para permitir la entrada de ayuda humanitaria.
La decisión del TIJ también pide al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que permita el acceso a Gaza de las comisiones de investigación enviadas por la ONU. Estos comités tienen como objetivo investigar las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica en diciembre pasado. Según los términos de la orden, Israel debe informar al tribunal dentro de un mes sobre la implementación de estas medidas.
El tribunal ha calificado la situación en Rafah, con la intensificación de los bombardeos y las órdenes de evacuación forzosa, como «excepcionalmente grave». Al menos 800,000 personas, la gran mayoría de los 1.2 millones que viven en el área, han tenido que abandonar la ciudad del sur del enclave desde el inicio de la operación militar en Rafah. Según el presidente del TIJ, Nawaf Salam, las medidas adoptadas por Israel para garantizar la seguridad de los civiles son insuficientes y representan un riesgo inminente para la población.
La decisión del TIJ establece medidas de emergencia de gran alcance para proteger a los palestinos que se refugian en Rafah, la última zona que Israel aún no controla completamente. El TIJ, que es el organismo de la ONU que resuelve conflictos entre Estados, exige que se detenga la ofensiva o cualquier otra acción contra «los palestinos como grupo» que pueda «imponer condiciones vitales que conduzcan a su destrucción física total o parcial».
Este es el tercer fallo del tribunal en este caso desde que Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por posibles «actos genocidas» en la Franja de Gaza en enero pasado. Sudáfrica ha argumentado que este podría ser la «última oportunidad» del tribunal para garantizar la supervivencia de los habitantes de Gaza.
Las disposiciones solicitadas por el TIJ son de emergencia debido a la intensificación de los bombardeos de Israel en Rafah. En la última fase del caso, que podría tardar varios años en resolverse, se deberá determinar si ha habido, como sostiene Sudáfrica, un crimen de genocidio, el peor de los que se denuncian en virtud de la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) que ambos países han firmado.
Pretoria sostiene que la legítima defensa de Israel contra los ataques de Hamás no puede traducirse en violencia desenfrenada contra los civiles. Desde el inicio de la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás el 7 de octubre, el número de muertos en Gaza ha ascendido a 35,800 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por el movimiento islamista.
El gobierno israelí argumenta que solo lanzó su ataque después de que Hamás irrumpiera en su territorio el pasado 7 de octubre, matando a 1,200 personas y tomando a más de 250 como rehenes. Netanyahu rechaza cualquier acusación de genocidio.
La orden del TIJ, aunque carece de poder coercitivo, obstaculiza la capacidad de Israel para continuar con su actual curso de acción en Gaza. También es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano de control, se pronuncie nuevamente sobre esta guerra.
La presión diplomática sobre Israel para que ponga fin a las hostilidades está aumentando. España, Irlanda y Noruega han anunciado que reconocerán al Estado Palestino la próxima semana. Aunque Palestina solo es un Estado observador en la ONU, ya es reconocida por al menos 140 países de todo el mundo.
