El reciente encuentro entre funcionarios del Gobierno Regional (GORE) y parlamentarios de la región ha llevado a la luz las acusaciones de maltrato por parte de la gobernadora Kris Naranjo hacia su personal. En particular, el parlamentario Ricardo Cifuentes ha jugado un papel destacado en estas discusiones, mostrando su preocupación por las condiciones de trabajo y la posibilidad de llevar a cabo una acusación constitucional.
Las acusaciones se basan en testimonios de funcionarios con más de dos décadas de servicio en el GORE que no habían experimentado una situación similar antes. Esta es una circunstancia preocupante que ha llevado a los miembros del personal a buscar posibles soluciones, entre las que se destaca el planteamiento de una acusación constitucional.
El diputado Ricardo Cifuentes ha sido particularmente crítico con la situación, calificándola de «impresentable». Según Cifuentes, el trato de la gobernadora Kris Naranjo hacia su personal ha cruzado todos los límites y es absolutamente inaceptable. En este sentido, Cifuentes ha mostrado su disposición a estudiar la posibilidad de una acusación constitucional si es necesario.
Manuel Barraza Delgado, Presidente de la Nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, también participó en la reunión con los parlamentarios. Barraza Delgado puso de manifiesto la problemática que están padeciendo los funcionarios bajo la actual administración, algo que, según él, nunca había ocurrido antes. Además, mostró su preocupación por la salud mental de los colegas que han sido removidos de sus puestos.
Las denuncias apuntan a un ambiente laboral tóxico y abusivo dentro del GORE, que está afectando gravemente la salud mental y el bienestar de los funcionarios. Barraza Delgado afirmó que existe un «abuso de autoridad absoluto», y que la gobernadora Naranjo «todo lo transforma en política, generando un clima de miedo e inseguridad entre el personal».
El diputado Cifuentes, por su parte, se comprometió a llevar este asunto a las instancias pertinentes y a tomar las acciones necesarias para garantizar el respeto y la dignidad de los trabajadores del Gobierno Regional. Este compromiso refleja la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas inmediatas para resolverla.
A medida que la situación se desarrolla, es probable que surjan más detalles sobre las condiciones de trabajo en el GORE y las acciones que los parlamentarios y los funcionarios están dispuestos a tomar para abordar el problema. Las acusaciones de maltrato y abuso de autoridad son muy graves y requieren una investigación exhaustiva. Asimismo, la posibilidad de una acusación constitucional subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de rendir cuentas por las acciones de la gobernadora Kris Naranjo.
En última instancia, la prioridad debe ser garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los funcionarios del GORE. Cualquier forma de maltrato o abuso de autoridad no debería ser tolerada, y aquellos que sean encontrados culpables de tales acciones deben ser responsables. El compromiso del diputado Cifuentes y otros parlamentarios de tomar medidas es un paso importante en la dirección correcta, pero habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta situación en las próximas semanas y meses.
