Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha solicitado la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y la cúpula de Hamás. Khan sostiene que estos individuos podrían ser penalmente responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Gaza. A su vez, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha instado a Israel a tomar medidas provisionales para prevenir un genocidio contra los gazatíes.
La guerra en Gaza es la misma, con las mismas víctimas, pero estos dos tribunales internacionales operan bajo distintos tratados y parecen tener distintos enfoques judiciales. Ambos tribunales se encuentran en La Haya, Países Bajos, y están abordando uno de los casos más complejos de la justicia internacional reciente, tomando en cuenta la diferencia entre la responsabilidad internacional de un Estado y la de un individuo.
Sudáfrica ha demandado a Israel ante el TIJ, que resuelve litigios entre Estados, utilizando la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948. Sudáfrica sostiene que se están cometiendo «actos genocidas» contra los palestinos. Israel rechaza estas acusaciones, y aunque los Estados no pueden ser penalmente responsables, deberá defenderse de estas graves acusaciones.
La Fiscalía del TPI, por su parte, ha incluido en su petición a los jueces del tribunal órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant. Israel no es miembro del TPI, pero este es el primer caso en el que este tribunal presenta un caso contra individuos de lo que se considera una democracia liberal.
La acción del fiscal del TPI contra un aliado de Occidente es un momento importante en la historia legal contemporánea, según Cedric Ryngaert, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad neerlandesa de Utrecht. El tribunal corre el riesgo de perder apoyo financiero de los países que actualmente lo respaldan. El tribunal deberá demostrar que Israel no está dispuesto o es incapaz de llevar a cabo una investigación y juicio a nivel nacional.
El fiscal ha mencionado en su escrito a los jueces que existe una política estatal israelí que lleva a cabo ataques sistemáticos contra los palestinos. Esto implica que la persecución debería dirigirse hacia los máximos responsables, no hacia un soldado específico.
El Estado Palestino es miembro del TPI, y si el futuro político de Gaza se aclara, debería buscar y detener a la cúpula de Hamás, si los jueces del tribunal aprueban los arrestos. El TPI tiene 124 países miembros, incluyendo China, Rusia o Estados Unidos. Este último ha apoyado al fiscal Khan en sus investigaciones sobre la guerra en Ucrania.
El Estatuto de Roma, que rige el trabajo del TPI, permite presentar una nueva orden de arresto si se considera que hay razones suficientes para creer que Netanyahu y Gallant pueden ser responsables de un genocidio en Gaza. Sin embargo, demostrar la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso es extremadamente difícil.
Los dos tribunales se encuentran en la primera fase de sus casos. ¿Qué pasará si el primero aborda la cuestión y concluye que hay indicios de genocidio? Según Ryngaert, habría una discrepancia si los jueces de Naciones Unidas consideraran el genocidio y los del tribunal penal lo rechazaran. Por otro lado, Garrido Muñoz recuerda que el hecho de que la Fiscalía del TPI no haya incluido el genocidio en su solicitud será invocado por Israel para sostener que la demanda de Sudáfrica es infundada.
