En una revelación que ha llamado la atención de muchos, se ha descubierto que cuatro diputados chilenos tienen deudas con entidades universitarias. Entre ellos se encuentran Héctor Barría (DC), Diego Ibáñez y Catalina Pérez del Frente Amplio, junto con Juan Irarrázaval, un republicano. Este hecho salió a la luz en 2022, en medio de un debate sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
A pesar de que estos legisladores reciben un salario considerablemente mayor que el promedio de los ciudadanos -una dieta de $7.348.983 mensuales- algunos de ellos aún tienen deudas educativas pendientes. Las deudas de estos cuatro parlamentarios corresponden al Fondo Solidario de Crédito Universitario, un programa financiado por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch), destinado a ayudar a estudiantes pertenecientes al 80% de la población con menores ingresos a financiar parte de su carrera.
El mismo programa ha estado en el centro de la discusión sobre la condonación del CAE, ya que se ha hablado de incorporar este fondo en la propuesta que tramita el Ejecutivo. Sin embargo, aún no se ha establecido una fórmula concreta para hacer esto. En este contexto, es importante recordar que el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric mencionaba la “condonación universal de la deuda educativa”.
Los cuatro legisladores han intentado regularizar su situación, con diversos grados de éxito. En el caso de Ibáñez, su deuda con la Universidad Católica de Valparaíso disminuyó de $30.000.000 en 2022 a $15.000.000 en 2024. El legislador ha insistido en que su deuda por estudios está al día y que no es un beneficiario del CAE, como algunos medios de comunicación erróneamente han informado.
Por su parte, Catalina Pérez ha reducido su deuda con la Universidad Católica del Norte de $19.000.000 en 2022 a $8.921.348. La parlamentaria ha declarado que está al día con sus pagos y que continuará pagando su deuda, ya que cree que cualquier forma de condonación debería excluir a aquellas personas que tienen los recursos para pagar.
Sin embargo, no todos los diputados han podido reducir sus deudas. En el caso de Barría, sus pasivos con la Universidad de Los Lagos han aumentado ligeramente, de $15.219.599 en 2022 a $15.859.065 en 2024. A pesar de su ingreso como diputado, Barría afirma que no ha podido saldar su deuda completamente. No obstante, el diputado insiste en que no es un moroso, sino un deudor, y que tiene la intención de pagar su deuda.
Finalmente, el republicano Irarrázaval ha visto un aumento en su deuda con la Universidad de Chile, de $26.787.497 en 2022 a $32.382.893 en 2024. El legislador explica que su deuda es por el Fondo Solidario de Crédito Universitario y que comenzará a pagarla ahora, ya que el programa permite comenzar a pagar la deuda dos años después de haber egresado.
Esta situación ha generado discusiones sobre la condonación de deudas educativas, especialmente en el contexto de los altos ingresos de los legisladores. Mientras que algunos argumentan que aquellos con altos ingresos no deberían beneficiarse de la condonación de deudas, otros sostienen que la educación debería ser un derecho y no un privilegio. El debate continúa, y los legisladores chilenos se encuentran en medio de él, no solo como políticos, sino también como deudores.
