El lunes pasado, las madres y familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) volvieron a marchar en Montevideo, bajo la consigna: “Ellos saben dónde están. Exigimos respuestas”. La Marcha del Silencio, en su 29ª edición, congregó a varias generaciones de uruguayos que reivindicaron el emblemático “nunca más terrorismo de Estado” y exigieron la determinación de los gobernantes frente al silencio de los militares. Esta manifestación tuvo lugar casi un año después del hallazgo, en un predio militar, de los restos de una mujer víctima de la represión, cuya identidad aún se desconoce debido al mutismo castrense.
El 20 de mayo, la capital uruguaya amaneció con 6 grados y la recia humedad de siempre. A pesar del frío, miles de uruguayos llenaron la avenida 18 de julio, la principal de Montevideo, para pedir que se conozca la verdad sobre las personas detenidas y desaparecidas en dictadura. Entre los manifestantes había muchos rostros jóvenes, que van cobrando protagonismo conforme pasa el tiempo. Un ejemplo es Luna Prieto, de 29 años, cuyo abuelo, Ruben Prieto, militante de izquierda, había escapado de la dictadura uruguaya y terminó secuestrado en Argentina en 1976. Desde entonces, permanece desaparecido.
La falta de determinación política para romper el silencio de los militares ha vuelto a ser evidente en los meses que han transcurrido desde que se encontraron los restos de una mujer víctima de la represión, en un predio del Ejército al sur de Uruguay. Hasta el momento, se han encontrado e identificado en territorio uruguayo los restos de seis desaparecidos. Sus nombres permanecerán en la lista de los 197, afirman madres y familiares, mientras sus historias no se conozcan cabalmente.
Entre las fotografías que encabezan la marcha estaba la de Miguel Ángel Río, uruguayo secuestrado en Buenos Aires en 1977. El hijo de Río, Valentín, tenía seis meses cuando su padre fue visto por última vez con vida.
La Marcha del Silencio se lleva a cabo todos los 20 de mayo, día en que fueron asesinados en 1976 los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, en Argentina. En la primera marcha estuvo Elena Zaffaroni, viuda de Luis Eduardo González, detenido y desaparecido en Uruguay a fines de 1974.
Pablo Chargoñia, abogado especializado en derechos humanos, reflexiona sobre la falta de un diseño estatal para que las investigaciones relacionadas con estos casos sigan un plan de mayor eficacia y de mejores resultados. Uruguay avanza lentamente en la imputación de delitos del pasado reciente y en los juicios a sus responsables. Según el Observatorio Ibarburu, en 2023 había 29 represores recluidos en cárceles, pero que podrían beneficiarse de la prisión domiciliaria en caso de aprobarse un proyecto de ley que se discute en el Parlamento uruguayo.
En esta marcha, la masiva participación ciudadana se convierte en un signo de resistencia y memoria colectiva. Sin embargo, para que la verdad salga a la luz, es necesario que los gobiernos asuman su responsabilidad en la investigación y en el rompimiento del silencio que ha cubierto estos crímenes de lesa humanidad durante tanto tiempo.
