La Fiscalía chilena ha solicitado una pena de ocho años de prisión para el ex oficial de Carabineros, Sebastián Zamora, acusado de lanzar a un manifestante de 16 años desde un puente hacia el río Mapocho en octubre de 2020. Esta historia ha generado un gran revuelo y ha puesto el foco en las tácticas de la fuerza policial durante las protestas.
El caso se remonta al 2 de octubre de 2020, cuando las protestas contra el gobierno estaban en pleno apogeo. Según la acusación leída por la magistrada Patricia Bründl, Zamora es acusado de empujar al joven manifestante, identificado solo por su edad para proteger su identidad, desde el puente Pío Nono en Santiago hacia el río Mapocho. Esta acción resultó en lesiones graves para el menor, incluyendo la fractura de su muñeca derecha y daño ocular.
El incidente fue captado en video y ampliamente compartido en las redes sociales, generando indignación y llamados a la reforma de la fuerza policial. Como resultado, Zamora fue despedido del cuerpo de Carabineros y arrestado poco después del incidente. Sin embargo, su defensa ha sostenido que el joven se cayó del puente mientras intentaba escapar de la policía.
Las manifestaciones en Chile comenzaron en octubre de 2019 en respuesta a un aumento en las tarifas del metro de Santiago, pero rápidamente se transformaron en protestas a nivel nacional contra la desigualdad social y económica. Desde el inicio de las protestas, se han presentado numerosas denuncias de violación de los derechos humanos contra las fuerzas de seguridad, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria.
El caso de Zamora ha sido uno de los más destacados, y ha llevado a un examen más profundo de la respuesta de las autoridades a las manifestaciones. La acusación de la Fiscalía es significativa, ya que es una de las primeras veces que se presenta un caso tan grave contra un oficial de policía en relación con los abusos cometidos durante las protestas.
El juicio de Zamora se espera que sea un caso emblemático en la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Si se le encuentra culpable, podría sentar un precedente para futuros casos de este tipo.
Además de la pena de prisión, se espera que la Fiscalía solicite que Zamora sea inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, lo que le impediría volver a trabajar en la fuerza policial. El juicio ha comenzado, y se espera que continúe durante las próximas semanas.
El caso de Zamora ha sido un punto de inflexión en la percepción pública de las tácticas de la policía durante las protestas, y ha añadido impulso a las llamadas para una reforma policial más amplia. Muchos esperan que este caso sirva como un recordatorio de la necesidad de responsabilidad y transparencia en la fuerza policial.
A medida que avanza el juicio, el país estará observando de cerca. El resultado podría tener ramificaciones significativas para el futuro de las fuerzas de seguridad en Chile y para cómo se responsabiliza a los oficiales por sus acciones durante las protestas. Por ahora, la esperanza es que se haga justicia, no sólo para la víctima en este caso, sino también para todas las víctimas de abusos a manos de las fuerzas de seguridad.
