Israel ha decidido dar marcha atrás en su decisión de confiscar el equipo de la agencia de noticias Associated Press (AP) en la localidad israelí de Sderot, cerca de Gaza. La medida estaba enmarcada en una nueva ley que se había aprobado para silenciar a Al Jazeera, la cadena de televisión catarí, cuyas oficinas habían sido cerradas por Israel a principios de este mes. La administración de Joe Biden en los Estados Unidos, gran aliado de Israel, había expresado su preocupación por esta acción y había pedido que se revirtiera la decisión.
La Associated Press tiene una cámara que graba permanentemente en Sderot, proporcionando imágenes que son recibidas por miles de medios de comunicación en todo el mundo. Al Jazeera, cuyas oficinas en Israel fueron cerradas este mes, es uno de los medios que recibe estas imágenes. Los funcionarios israelíes habían confiscado el equipo de AP, argumentando que el hecho de que Al Jazeera recibiera estas imágenes era una violación de la nueva ley.
El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, defendió la medida en un comunicado publicado en la red social X, pero finalmente anunció que los equipos serían devueltos hasta que «se vuelva a examinar el asunto».
La justificación proporcionada por el Ministerio israelí para su acción fue que la cámara de AP «intentaba seguir la actividad» de las tropas israelíes, algo que está prohibido por la censura militar. Además, el Ministerio lamentó que AP vendiera su señal a Al Jazeera, alegando que esto «causa un gran daño a la seguridad nacional».
AP respondió a estas alegaciones afirmando que la medida no tenía nada que ver con el contenido que transmitían, sino con un «uso abusivo» de la nueva ley que privaba de imágenes a sus otros clientes. La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y los Territorios Palestinos se mostró «alarmada» por la medida, viéndola como «el último paso del gobierno israelí para reprimir a los medios de comunicación».
La asociación advirtió que Israel podría tomar medidas similares contra otras agencias de noticias internacionales, bloqueando la cobertura mediática de prácticamente cualquier evento de actualidad por «imprecisos motivos de seguridad».
Las tensiones entre Israel y Estados Unidos habían aumentado a raíz de la resistencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a las presiones de la administración Biden para evitar una ofensiva total en Rafah, el último enclave en Gaza donde aún no han entrado por completo las tropas israelíes.
En medio de estas tensiones, Washington calificó como un «escándalo» que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional solicitara una orden de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, como sospechosos de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza desde el 7 de octubre.
A pesar de estas tensiones, el presidente Biden volvió a defender a Israel, asegurando que la ofensiva de Israel en Gaza «no es genocidio». El fiscal jefe de La Haya, Karim Khan, también ha pedido a los jueces la misma medida para tres dirigentes de Hamás, entre ellos a su máximo responsable en Gaza, Yahia Sinwar, por los ataques de la milicia palestina en Israel en esa fecha.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la incautación de la cámara de AP como «preocupante» y afirmó que su gobierno iba a «examinar» la medida. Jean-Pierre también enfatizó la importancia del trabajo periodístico y cómo es fundamental para la democracia y la libertad.
