Carolina Tohá, la ministra del Interior de Chile, junto con los presidentes del Senado, José García, y de la Cámara, Karol Cariola, se han puesto de acuerdo para impulsar una lista de 32 iniciativas que se centrarán en la seguridad pública. Esta decisión se tomó durante una reunión de coordinación realizada en el Palacio de La Moneda, en la que también participaron el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, la subsecretaria Macarena Lobos y los vicepresidentes de ambas ramas del Congreso, el senador Matías Walker y los diputados Gaspar Rivas y Eric Aedo.
Las iniciativas de la lista no han generado demasiadas sorpresas, ya que muchas de ellas son proyectos que ya se habían considerado el año pasado. Sin embargo, la selección de ciertas mociones y la eliminación de otras ha generado ciertas preocupaciones, especialmente entre los legisladores que estaban bajo la presión de incorporar sus propias mociones a la lista de prioridades, debido a la creciente crisis de criminalidad que atraviesa el país.
Uno de los temas que ha generado una tensión especial entre el gobierno y el Senado es el proyecto que penaliza el ingreso clandestino al país. Esta polémica iniciativa, que fue propuesta por el diputado Andrés Longton, ya había sido aprobada por la Cámara, a pesar de no contar con el apoyo del gobierno ni de la mayoría de las fuerzas oficialistas. La moción plantea que cualquier persona que ingrese clandestinamente al territorio nacional, ya sea a través de un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, debería ser sancionada con una pena de prisión o con una multa económica.
A pesar de la resistencia del gobierno para incluir este proyecto en la agenda de seguridad, se ha acordado darle un tratamiento especial. El gobierno se ha comprometido a presentar una indicación para sancionar los ingresos clandestinos, ya que, según la interpretación del Ejecutivo, la forma en que está redactada la iniciativa actual podría judicializar y entorpecer las expulsiones administrativas.
La lista de 32 prioridades está encabezada por siete iniciativas que quedaron pendientes del fast track legislativo del año pasado, que acordó Tohá con el anterior presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Entre ellos, se incluyen algunas reformas complejas, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo Sistema de Inteligencia, las Reglas de Uso de la Fuerza, la Defensoría de las Víctimas y el subsistema de Inteligencia Financiera, además del proyecto que regula las reincidencias y el refuerzo de la seguridad municipal.
Además de estas iniciativas, también se han incorporado otros proyectos que ya llevan un tiempo de discusión, pero que no estaban en la anterior agenda, como la ley antiterrorista y la ley que detalla el despliegue militar en resguardo de infraestructura crítica.
A pesar de este acuerdo, los diputados de Renovación Nacional no quedaron conformes con la agenda acordada. Para Longton, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, lo acordado «no representa a la bancada de Renovación Nacional». Según él, el gobierno ha incorporado sólo los proyectos que le parecían convenientes y que no le generaban ninguna dificultad, dejando de lado los proyectos que son esenciales, como el que tipifica como delito el ingreso ilegal de migrantes, el que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente y el que endurece las sanciones para los homicidios.
