En un giro sorprendente de los acontecimientos, los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson han otorgado una nueva oportunidad al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para apelar la orden de extradición a Estados Unidos por 18 delitos de espionaje y piratería informática. Estos cargos podrían resultar en una sentencia de hasta 175 años en una prisión estadounidense.
En un caso que ha atraído la atención de todo el mundo, Assange no estuvo presente en su crucial cita con los tribunales británicos. En lugar de eso, siguió los acontecimientos desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado detenido desde 2019. Esta detención llegó después de siete años de encierro en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta que se le retiró el asilo político.
Si el alto tribunal británico hubiera aprobado la extradición, la defensa de Assange tenía la opción de presentar un recurso «in extremis» al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la decisión de los jueces Sharp y Johnson de permitir la apelación ha evitado, por ahora, esa posibilidad.
Este caso ha suscitado un gran interés público, con una multitud de seguidores de Assange congregándose a las puertas de los Royal Courts of Justice en el Strand de Londres. Armados con pancartas y gritando «¡Libertad para Assange!», su apoyo fue una constante a lo largo de los procedimientos.
Stella Assange, la esposa del activista australiano, declaró al periódico El Mundo que «cualquier cosa puede pasar llegados a este punto». Criticó a los tribunales británicos por dar a Estados Unidos «todo tipo de oportunidades» para cambiar el rumbo del caso.
Una de las cuestiones clave en este caso era si el tribunal aceptaría las «garantías» presentadas por la fiscalía estadounidense. La fiscalía prometió que Assange no se enfrentaría a la pena de muerte y que se protegería su derecho a la libertad de expresión. A pesar de estas garantías, el tribunal decidió reconocer el derecho de la defensa de Assange a apelar la orden de extradición y fijar una fecha para una nueva vista judicial.
Según Stella Assange, el caso contra su marido es un «juicio político». Argumentó que Assange ha estado privado de libertad durante 13 años y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría poner fin a esta batalla legal con una decisión política. Biden ha reconocido que está «considerando» una petición del Parlamento australiano para liberar a Assange.
La presión internacional sobre este caso es evidente, con el Parlamento australiano aprobando una moción para pedir la liberación de Assange. Este hecho podría ejercer presión sobre los tribunales británicos y el gobierno de Estados Unidos, lo que añade otra capa de complejidad a este ya complicado caso legal.
En resumen, aunque Assange sigue en prisión, se le ha concedido la posibilidad de apelar la orden de extradición a Estados Unidos. Este caso ha atraído la atención del mundo y ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión, el derecho al asilo político y la justicia internacional. Con las implicaciones políticas y los derechos humanos en juego, es seguro que el mundo seguirá de cerca el desenlace de este caso.
