Tras una rigurosa investigación llevada a cabo por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha solicitado al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra varios altos cargos, tanto israelíes como miembros del grupo islamista Hamas. En el centro de esta solicitud se encuentran nombres de alto perfil como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar.
La solicitud del fiscal se fundamenta en las acusaciones de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto de la guerra en Gaza. Khan ha solicitado autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas.
La acusación sostiene que estos individuos son «penalmente» responsables de «crímenes de guerra y lesa humanidad» cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023. Estos crímenes incluirían «el asesinato de cientos de civiles israelíes» en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como «la toma de al menos 245 rehenes».
Además, Khan ha solicitado la emisión de dos órdenes de detención contra los gobernantes israelíes, Netanyahu y Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos «en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023″. Esta fecha coincide con el día posterior al ataque de Hamas a Israel y marca el inicio de la actual guerra israelí en Gaza.
Entre las acusaciones contra estos dos funcionarios israelíes se incluyen el uso del hambre como «método de guerra» contra los civiles y el «asesinato intencionado». Khan argumenta que las pruebas recopiladas, incluyendo entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, evidencian que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana.
El fiscal subraya que las solicitudes presentadas a los jueces son «resultado de una investigación independiente e imparcial» de su oficina. Según sus propias palabras, su equipo ha trabajado minuciosamente para separar afirmaciones de hechos y presentar conclusiones sobrias basadas en pruebas a la Sala de Cuestiones Preliminares.
La reacción de Israel a la decisión del fiscal no se ha hecho esperar. El país ha calificado la solicitud de «escandalosa», con su ministro de Exteriores, Israel Katz, declarando que es un ataque frontal implacable contra las víctimas del 7 de octubre y sus 128 secuestrados en Gaza.
Por otro lado, Hamas también ha criticado la decisión al considerar que «equipara a la víctima con el verdugo».
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ha estado investigando desde 2021 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos desde 2014 por el Ejército israelí y todas las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados. La Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, y cuenta con 124 miembros, aunque Israel no se encuentra entre ellos, pues no reconoce la investigación sobre la situación en los territorios palestinos ocupados.
Ante los temores a que Karim Khan emita órdenes de arresto contra altos cargos israelíes, la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, ha calificado en las últimas semanas de «vergonzosas» e «ilegales» esas supuestas órdenes de arresto. Israel las ha tildado de «crimen de odio antisemita» y «un abuso», y legisladores republicanos trabajan en represalias por vía legislativa contra la CPI.
