En un fallo histórico que marca un importante precedente en la lucha por la protección medioambiental y la salud pública, la tercera sala de la Corte Suprema ha respaldado una acción presentada por la familia de María Isabel Mundaca, residente de Monte Patria, contra la empresa agrícola Carsal. Esta decisión respalda a la Seremi de Salud para tomar medidas más drásticas si la empresa continúa aplicando agrotóxicos en formas que dañen la salud de la población vecina.
La familia Mundaca decidió recurrir a la justicia hace dos años, tras un conflicto en curso con Carsal, una empresa conocida por la aplicación industrial de agrotóxicos. La empresa se había instalado en 2020 al lado de su casa, y a pesar de los sucesivos sumarios sanitarios levantados por la Seremi de Salud, no lograban garantizar su derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El recurso de protección fue rechazado inicialmente por la Corte de Apelaciones de La Serena en 2023, citando entre otras cosas, la incapacidad de acreditar que los predios eran colindantes. Sin embargo, la familia decidió escalar el caso a la Suprema, que el 13 de mayo de 2024 decidió revocar la decisión de la región. La Corte Suprema exige ahora que cualquier nueva aplicación de agrotóxicos que Carsal quiera realizar en el predio, tenga la autorización previa de la autoridad sanitaria.
La pugna con la agrícola en Chañaral de Caren, localidad donde se encuentran los predios comprometidos en el recurso, es de larga data. En 2020, Carsal fue denunciada por tala de bosque nativo y especies protegidas. Aunque la empresa recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena, esta determinó en marzo de 2024 que el predio era de la empresa, reduciendo la sanción y desestimando la obligación de reforestar establecida por la Corporación Forestal.
Además, en 2019, la agrícola fue acusada de mantener un vertedero ilegal de residuos peligrosos y tóxicos al aire libre, en una comunidad agrícola vecina a sus plantíos. Esta denuncia fue acogida por el municipio y la empresa fue obligada a disponer acorde a la normativa los residuos. Sin embargo, a pesar de estas denuncias y las conversaciones mantenidas con el hijo de María Isabel, Anibal Carmona, la empresa ignoró las recomendaciones y continuó con sus operaciones.
En 2021, se produjeron reiterados episodios de intoxicación aguda por plaguicidas en los integrantes de la familia y en sus mascotas, constatadas por la Seremi de Salud y por el servicio de salud local. A pesar de que la Seremi ordenó la prohibición de aplicar agrotóxicos, Carsal siguió intentando hacerlo, obligando a la familia a abandonar su casa cada vez que se iba a fumigar.
Finalmente, recurrieron a la justicia. Anibal Carmona, quien había estado a la vanguardia de las denuncias contra la empresa, expresó su satisfacción con el fallo. Explicó que, aunque no se logró que este tipo de faenas se sometieran a evaluación ambiental, el fallo dejó claro que la Seremi de Salud tiene facultad para tomar medidas, incluso la clausura, si fuera necesario.
Carmona también señaló que desde el Consejo Campesino de Monte Patria, han estado promoviendo un diálogo multiactor sobre estas temáticas. Actualmente, hay diversas comisiones de trabajo buscando soluciones a estos problemas, promoviendo una mayor información sobre los impactos de los agrotóxicos a la salud, un ordenamiento territorial que evite afectaciones a la población y la transición a otros modos productivos. Este fallo es, sin duda, un importante paso en esa dirección.
