Investigan falsificación de firmas en las investigaciones del fiscal Chong sobre el 18-O

Indagan falsificación de firmas en investigaciones de fiscal Chong por 18-O

El ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, se encuentra en medio de un juicio por una segunda causa en la que la Fiscalía lo acusa de apremios ilegítimos. Enfrenta dos investigaciones lideradas por la fiscal Ximena Chong: la más conocida, en la que se le atribuye haber herido en los ojos a Gustavo Gatica, y otra en la que se le imputan cargos por disparar contra un joven en 2018, también en el rostro.

La defensa de Crespo, sin embargo, niega que su representado haya cometido ilícitos. En una reciente arremetida judicial, cuestiona las investigaciones de uno de los peritos que trabaja con la fiscal Chong en una serie de casos que investigan apremios ilegítimos presuntamente cometidos por personal de Carabineros durante el estallido social.

La contraofensiva de Crespo comenzó el 14 de mayo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde interpuso una querella por el delito de falsificación contra el efectivo de la PDI, Cristián Lizama. Lizama es parte de la Brigada de Derechos Humanos de la policía uniformada, que recibe la mayoría de las órdenes de investigación de la fiscal Chong en casos como los de Gatica, Fabiola Campillai y Sebastián Zamora, entre otros.

El documento, patrocinado por el abogado Pedro Orthusteguy, sostiene que «el abogado defensor Mauricio Bascur descubrió fortuitamente que en varios registros policiales las firmas del querellado Cristián Lizama Loyola eran muy diferentes entre sí y eran diferentes a una firma indubitada del querellado”, en distintos informes policiales.

Para confirmar pericialmente que las firmas asociadas a los informes redactados por el detective no correspondían, la defensa de Crespo encargó una pericia caligráfica al perito judicial Miguel Ángel Bautista Paredes. Según la querella, Bautista emitió un informe final el 13 de mayo de 2024, en el que confirmó que, al menos en algunos registros, la firma que aparece sobre su nombre no corresponde a Cristián Lizama Loyola.

En total, se acusa que nueve firmas no corresponden al detective, en concreto, a cinco informes policiales y a cuatro declaraciones judiciales. Orthusteguy afirma en la querella que «en base a las diligencias e informes suscritos, supuestamente, por dicho funcionario público, el Ministerio Público formalizó y acusó a mi representado por los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación, que lo mantienen actualmente en juicio oral».

El informe pericial adjuntado por la defensa de Crespo analizó los términos gráficos relevantes de todos los informes y declaraciones. Además, se realizó un análisis de todas las huellas para determinar la veracidad o falsedad del documento y obtener evidencia de si la firma ingresada corresponde o no a Lizama, determinando el rasgo de variabilidad normal de sus huellas.

El documento firmado por el perito Miguel Ángel Bautista concluye que «las firmas dubitadas, presentan grafismos, algunos de ellos identificables, mayormente legibles, y poseen un grado de complejidad mediano«; y que «las firmas cuestionadas no tienen la misma cantidad de segmentaciones, difieren en su longitud». Sin embargo, el perito advierte que «es importante destacar que el presente trabajo se realizó con copias y no originales, esto último si bien no dificulta el resultado de la pericia dado que las diferencias son determinantes y muy evidentes, es recomendable contar con los originales para la realización de un nuevo informe».

A pesar de esta advertencia, se concluyó que «dichas firmas realizadas en los documentos recién individualizados NO pertenecen a don Cristian Andrés Lizama Loyola«. Una vez analizados los antecedentes por el tribunal, la querella fue admitida a trámite, lo que significa que, desde el punto de vista formal, cumplía con los requisitos legales para ser conocida por el Ministerio Público y, por lo tanto, el 16 de mayo se derivaron los antecedentes a la Fiscalía para que iniciara una investigación.

A partir de ahora, será el ente persecutor el que determine si las firmas fueron adulteradas y si eso influyó o no en las causas en las que se adjuntaron estos informes.

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