El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha hecho historia desafortunadamente al convertirse en el primer ex jefe de estado colombiano en enfrentar un juicio penal. Uribe ha sido acusado de sobornar a testigos para que mantuvieran silencio sobre su supuesta relación con grupos paramilitares. Defendiéndose desde su residencia en el noroeste del país, Uribe ha proclamado su inocencia, afirmando ser víctima de un complot.
Uribe, quien dirigió los destinos de Colombia entre 2002 y 2010, denunció hace más de una década que un senador opositor estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar. Sin embargo, en un giro irónico, Uribe terminó siendo investigado por presuntamente presionar a través de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.
Los delitos de los que la fiscalía acusa a Uribe pueden resultar en una pena de hasta 12 años de prisión. El exmandatario ha negado anteriormente cualquier conexión con grupos paramilitares. Uribe estuvo detenido en su residencia por este caso desde agosto hasta octubre de 2020 por orden de la Corte Suprema. Sin embargo, renunció a su escaño como senador y un juez ordenó su libertad.
Desde su liberación, la fiscalía ha solicitado en dos ocasiones el cierre del caso, argumentando que el ex presidente no tuvo nada que ver con las acciones presuntamente ilegales que realizaron terceros. En ambos casos, los jueces mantuvieron abierto el proceso al considerar que existe la posibilidad de que Uribe hubiera intervenido en los hechos.
En abril, tras la renovación de la titular de la Fiscalía General y la designación de Luz Adriana Camargo propuesta por el presidente colombiano, Gustavo Petro, la fiscalía cambió de postura: dejó de pedir el cierre del caso y llamó a juicio a Uribe. Uribe argumentó que la fiscalía actuó «por venganzas políticas» al considerar que no hay pruebas que permitan inferir que buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia.
El inicio del proceso de Uribe se remonta a 2012, cuando denunció ante la Corte Suprema de Justicia al congresista de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente buscar en cárceles testimonios de paramilitares para que declararan contra el exmandatario y lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.
No obstante, en 2018, la misma Corte, encargada de investigar a los congresistas, cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar pruebas y ordenó, en cambio, abrir una investigación contra el entonces senador Uribe para determinar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.
Según Cepeda, quien es considerado víctima en el proceso penal, este es un hecho trascendental, ya que es la primera vez que una persona que ha ejercido la jefatura del Estado colombiano tiene que comparecer ante la justicia. Cepeda espera «celeridad» en los procedimientos para que «muy pronto el país pueda conocer una sentencia sobre lo que ha sido este episodio que ya ha durado más de una década en el que he sido víctima».
