El escenario legal se complica para la Fundación ProCultura, una entidad chilena dedicada a proyectos de salud mental, creada en 2009 por Alberto Larraín e Ilonka Csillag. La fundación se enfrenta a una querella interpuesta por el Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego, por la no devolución de más de mil millones de pesos. Esta situación es parte de una serie de acciones legales en el marco del denominado ‘caso líos de platas’, donde se investiga el supuesto uso irregular de fondos públicos por parte de la entidad.
El escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago apunta contra ProCultura y su representante legal, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida. La acusación sostiene que, a pesar de haber finalizado anticipadamente un convenio con la ONG y liquidado los proyectos, la fundación no devolvió los fondos comprometidos, afectando directamente las arcas del Gobierno Regional Metropolitano (GORE).
El documento, de ocho carillas, explica que se exigió la restitución de los montos entregados a los acusados, pero no se realizaron las devoluciones. Como resultado, se ha establecido un perjuicio ascendiente a la suma de $1.015.283.548, más reajustes e intereses, por concepto de los dineros apropiados y distraídos por los querellados.
Según se detalla en la querella, ProCultura incumplió las bases del convenio, que estaba centrado en la prevención del suicidio. La entidad no proporcionó al GORE Metropolitano los extractos bancarios que debían contener los fondos públicos transferidos. Esta situación llevó al término anticipado del contrato y la exigencia de inmediata restitución de los dineros entregados y no rendidos. Sin embargo, el dinero nunca fue retornado al organismo.
A pesar de que ProCultura había entregado al GORE una garantía de fiel cumplimiento de contratos públicos, una vez que el caso estalló y se decidió poner término anticipado al contrato por incumplimiento, la fundación dejó de responder. El 14 de noviembre de 2023, se les solicitó presentar estados de cuenta para verificar que mantenían los montos que se les habían transferido, pero no hubo respuesta. Ante esta situación, se decidió poner fin al convenio e iniciar el proceso para recuperar el dinero.
De acuerdo con la Resolución Exenta Nº 36, de fecha 9 de enero de 2024, se aprobó la liquidación del convenio de transferencia suscrito. Se determinó que el perjuicio patrimonial efectuado por la querellada corresponde a la suma de $1.015.283.548, fondos que no han sido devueltos por la Fundación ProCultura a la Gobernación Regional Metropolitana.
En el marco de la misma acción legal, el GORE también expresó su intención de demandar civilmente a los querellados, solicitando oportunamente las indemnizaciones que en tal momento les parezcan adecuadas. Para ello, solicitaron que el Ministerio Público realice una serie de diligencias. Entre ellas, se pide un informe de las inscripciones de inmuebles a nombre de los querellados, un levantamiento patrimonial de los acusados, incluyendo bienes muebles e inmuebles, y un informe de las inscripciones vigentes de vehículos motorizados que poseen.
La Fundación ProCultura ha enfrentado anteriormente demandas de sus ex trabajadores, allanamientos y un sonado proceso de cierre, entre otras acciones en tribunales. Ahora, con la querella interpuesta por el GORE, la entidad debe enfrentar una nueva batalla legal relacionada con el uso de fondos públicos.
