El 17 de mayo de 2024, una situación tensa se desplegó en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana de Chile. Más de 100 familias que habían establecido un asentamiento informal conocido como la Toma «17 de Mayo», fueron desalojadas a raíz de una orden judicial. Este desalojo desencadenó violentos enfrentamientos entre los habitantes del asentamiento y las fuerzas policiales de Carabineros de Chile.
La operación de desalojo comenzó temprano por la mañana, con la llegada de un gran contingente de Carabineros, la policía militarizada de Chile. Además de la fuerza policial, también se destacaron equipos de demolición y camiones de transporte para la remoción de las estructuras improvisadas y los bienes de las familias desplazadas. Esta acción fue el resultado de una serie de procedimientos legales que culminaron con la orden judicial de desalojo, emitida por el tribunal competente.
Desde el primer momento, la tensión se hizo palpable. Las familias desplazadas, que en su mayoría estaban compuestas por personas de bajos recursos que no podían permitirse una vivienda en el mercado formal, resistieron la acción policial. Algunos habitantes del asentamiento respondieron con violencia, lanzando bombas molotov a las fuerzas de Carabineros. En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones lanza agua para controlar la situación y proceder al desalojo.
El desalojo forzoso de estas familias destaca la continua lucha por la vivienda digna en Chile, un país con un alto grado de desigualdad económica. A pesar de los esfuerzos del gobierno para enfrentar la crisis de vivienda, los altos costos de la vivienda y la falta de políticas de vivienda efectivas han llevado a muchas familias a establecerse en asentamientos informales como la toma «17 de Mayo».
A medida que avanzaba la mañana, la situación se volvió cada vez más violenta. Los habitantes de la toma resistían la acción policial, mientras que los Carabineros intentaban ejecutar la orden judicial. Aunque los manifestantes fueron finalmente desalojados, el incidente dejó un saldo de varios heridos, tanto entre los habitantes de la toma como entre los Carabineros.
Este desalojo ha generado un debate en torno al derecho a la vivienda y las políticas de vivienda en Chile. Mientras que algunos argumentan que las tomas son una forma legítima de resistencia ante la falta de vivienda asequible, otros sostienen que estos asentamientos informales son ilegales y deberían ser desmantelados.
La situación en la Toma «17 de Mayo» es un reflejo de la creciente tensión social y económica en Chile. A medida que el costo de la vida sigue aumentando, muchas familias se ven obligadas a tomar medidas extremas para asegurar un techo sobre sus cabezas. El desalojo de la Toma «17 de Mayo» es un claro recordatorio de las desigualdades sociales y económicas que persisten en Chile, y de la urgente necesidad de políticas de vivienda más efectivas y equitativas.
El desalojo del asentamiento también plantea serias preguntas sobre el uso de la fuerza por parte de los Carabineros. A medida que se intensificaban los enfrentamientos, surgieron preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y la proporcionalidad de la respuesta policial. Este incidente pone de relieve la necesidad de una revisión y reforma de las tácticas y protocolos policiales en situaciones de desalojo.
La toma «17 de Mayo» y su desalojo son un recordatorio de la lucha por la vivienda que enfrentan miles de chilenos. Mientras las familias buscan refugio en asentamientos informales, el Estado parece incapaz de proporcionar soluciones de vivienda asequibles y seguras. El desalojo de la Toma «17 de Mayo» es un claro ejemplo de cómo la desigualdad económica y la inseguridad de la vivienda pueden llevar a situaciones de conflicto y violencia.
