En un desarrollo político reciente, el Servicio Electoral (Servel) aprobó la inscripción del Frente Amplio como partido único. Esta decisión detalla los roles de las nuevas autoridades provisionales del partido, lideradas por el diputado Diego Ibáñez (CS), y también establece a los miembros del Tribunal Supremo (TS) que serán responsables de resolver los casos pendientes.
Este anuncio ha atraído la atención de los miembros de Convergencia Social, ya que la lista incluye a Cristina Luna, que se encuentra como suplente en el TS del FA. Esto significa que Luna puede participar en las decisiones del TS cuando sus miembros principales no están presentes.
La sorpresa e inquietud entre los militantes de Convergencia Social surge debido a que Luna es objeto de una denuncia presentada por uno de sus miembros en la instancia partidaria de Convergencia por “acoso y violencia” durante las campañas internas del partido el año pasado.
La denuncia, que llegó a Convergencia Social el 27 de marzo pasado, describe una llamada personal en la que Luna expresó su repudio hacia la denunciante y amenazó con diversas sanciones y represalias internas. La denunciante declaró: “No me parece que personas que tengan esta actitud matonesca y poco fraterna puedan tener cargos donde deben velar por la integridad y la justicia partidaria”.
El TS de Convergencia declaró admisible la denuncia el 14 de abril, un hecho confirmado por un documento al que tuvo acceso La Tercera. La razón de esta decisión radica en que la denuncia podría afectar el artículo 50 del “estatuto partidario” de Convergencia, que establece que “todo militante del partido deberá respetar y ceñir su conducta a los principios y valores que rigen al partido de conformidad al presente estatuto y su Reglamento de Conducta”.
La denuncia también podría afectar el “reglamento de conducta” del partido, específicamente su artículo 19, que establece que “serán sancionados los militantes del partido que hayan incurrido en situaciones de todo tipo de violencia que abarcan el acoso u hostigamiento personal, laboral e incluso económico y las discriminaciones arbitrarias que signifiquen degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de los o las militantes afectadas, o todas las conductas que sean contrarias a los principios de Convergencia Social que señala el estatuto, ya sean en contra nuestros mismos militantes del partido o personas externas, y estos hayan participado en cualquiera de estas conductas en calidad de autor, cómplice o encubridor”.
Actualmente, Luna trabaja como asesora legislativa en la Subsecretaría de Evaluación Social. Cuando se le consultó oficialmente sobre el asunto, Convergencia Social afirmó que Luna no haría ninguna declaración.
Desde Convergencia Social confirmaron: “Efectivamente existe una denuncia, que se encuentra actualmente en la comisión investigadora del partido, luego de declararse admisible por el Tribunal Regional. Por el momento no existen medidas cautelares asociadas a la denuncia”.
