El conflicto laboral que ha surgido en Chile ha generado un ambiente de tensión en el país. Dos movilizaciones distintas han tenido respuestas opuestas por parte del gobierno, lo que ha llevado a que la oposición acuse al gobierno de tener un «trato diferenciado».
El primer conflicto se refiere al paro de trabajadores eventuales en el Puerto Coronel, en la Región del Biobío. El segundo conflicto involucra a un grupo de camioneros del norte que se movilizaron debido a la «inseguridad» que sienten en su labor diaria. Ambas situaciones han sido tratadas de manera distinta por el gobierno, lo que ha generado críticas por parte de la oposición.
Juan Antonio Coloma, jefe de bancada UDI, y el diputado Felipe Donoso han sido los encargados de manifestar la inconformidad de la oposición. Según ellos, el gobierno ha mostrado una «incoherencia» y una posible «discriminación» en su respuesta a estos conflictos laborales.
A su juicio, esta discriminación se evidencia en el hecho de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, amenazó con instruir a los Carabineros para que apliquen «todo el rigor de la ley» contra los camioneros que protestan. Por otro lado, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha instado a la empresa Puerto Coronel a «buscar soluciones» con los trabajadores que llevan 50 días movilizados, a pesar de que han estado bloqueando los accesos al terminal marítimo durante todo ese tiempo.
Ante la aparente dualidad en el tratamiento de estos conflictos, los diputados Coloma y Donoso han hecho un llamado al gobierno, y en particular a Monsalve y a Jara, para que no impongan su «pensamiento e ideología» en la resolución de estas situaciones. En su lugar, les instan a actuar de manera «imparcial» y «sin sesgos» en ambos casos.
Para estos diputados, es inaceptable que las autoridades actuales estén dando un trato diferenciado a estas dos movilizaciones. Consideran que es incongruente que Monsalve amenace con aplicar todo el rigor de la ley contra los camioneros, que simplemente exigen mejores condiciones de seguridad, mientras que Jara llama a buscar una solución con los trabajadores portuarios, ignorando que mantienen bloqueado el acceso al terminal marítimo desde hace casi dos meses, impidiendo a más de 600 funcionarios cumplir con sus labores.
Además, Coloma y Donoso enfatizan que es evidente la discrepancia entre ambas posiciones y la falta de imparcialidad con la que ha actuado el gobierno. Según ellos, no es aceptable que el gobierno amenace con usar la fuerza contra un gremio que inició una paralización parcial y limitada, mientras que actúa de manera pasiva y temeraria con otro sector que lleva más de 50 días en esta situación, aparentemente por razones políticas e ideológicas.
Para estos diputados, las autoridades actuales deben comprender que ya no forman parte de los movimientos sociales y no pueden estar validando las movilizaciones, como hicieron sistemáticamente cuando eran oposición. Consideran que hoy tienen la obligación de garantizar el orden público y no pueden seguir actuando de forma imparcial, como ha quedado en evidencia esta semana. Esta situación ha generado un clima de tensión que aún no encuentra solución, y que ha puesto en evidencia las divisiones políticas existentes en el país.
