El pasado martes, Venezuela emitió un comunicado en el que condenó de manera categórica la decisión de la Unión Europea (UE) de levantar sanciones a solo cuatro funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE). La nación suramericana considera la medida selectiva de la UE como una nueva muestra de arrogancia neocolonial, ilegal y hostil.
El canciller de Venezuela, Yvan Gil, expresó con firmeza que dicha decisión es contraproducente para el establecimiento de un programa de cooperación política, social y económica. Según Gil, la UE persiste en sus prácticas abusivas sin aplicar ninguna corrección a su intervencionismo errado contra Venezuela.
Venezuela ha destacado que la UE está ignorando el rechazo internacional a la aplicación de estas medidas coercitivas, las cuales perjudican los derechos humanos de los pueblos y la soberanía de las naciones. En respuesta a estas acciones, Venezuela exige a los Veintisiete el cese integral e incondicional de sus medidas coercitivas unilaterales, así como de cualquier otro mecanismo de chantaje que busque interferir en su proceso político libre y soberano.
El martes, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano denunció en un foro de las Naciones Unidas en Caracas que la medida de la UE es engañosa y está diseñada para enviar una supuesta señal de buena fe o alivio. El lunes, la UE anunció que aliviará algunas sanciones contra el presidente del CNE, Elvis Amoroso, y otros miembros antiguos del ente rector venezolano, pero mantendrá el resto de las medidas sancionatorias contra Venezuela.
Esta decisión fue comunicada como un intento de «apoyar esfuerzos para que se den unas elecciones democráticas» el 28 de julio. Sin embargo, Amoroso rechazó la medida, argumentando que la UE estaría intentando intimidar a las autoridades del CNE, amenazándolas con futuras penalizaciones.
En medio de este panorama, los venezolanos han lanzado una campaña para exigir al gobierno estadounidense el levantamiento de las «sanciones criminales en contra de la sociedad y economía de Venezuela».
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el mes pasado a levantar las sanciones sectoriales contra Venezuela. Esta recomendación se basa en los resultados de la visita de la relatora especial de la ONU sobre los impactos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el país suramericano.
La situación de Venezuela con respecto a la UE evidencia una tensa relación que se ha ido agudizando a lo largo de los años. La decisión de la UE de levantar sanciones a solo cuatro funcionarios del CNE ha provocado una respuesta de rechazo por parte del gobierno venezolano, que ve en estas acciones un intento de interferir en su proceso político. La comunidad internacional sigue atenta a cómo se desarrollará este conflicto en los próximos meses y qué medidas tomarán ambas partes en respuesta a estos hechos.
