En octubre de 2023, la tranquila comunidad de Illapel, una pequeña región en Chile, fue sacudida por una noticia perturbadora. Un menor de edad había sido secuestrado, un delito cometido por un grupo de cuatro personas, incluyendo dos adultos y dos menores femeninas. Casi siete meses después del incidente, los perpetradores de este crimen han sido finalmente encontrados culpables.
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, donde la Fiscalía de Illapel presentó sus pruebas contra los acusados. Los implicados en el delito fueron F.U.A.B. y P.J.J.V., quienes como adultos implicados, recibieron la sentencia de prisión preventiva. Como menores de edad, C.A.J.R. fue sometida a internación provisoria y V.A.P.H. recibió la sentencia de arresto domiciliario nocturno, además de la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella de cualquier forma.
El fiscal jefe de Illapel, Andrés Villalobos, describió el incidente como uno de los más impactantes en años recientes para la localidad. La investigación fue llevada a cabo en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), y se recopiló una cantidad significativa de pruebas en contra de los acusados.
Entre las pruebas presentadas en el juicio, destacaron la documentación bancaria, videos de cámaras de seguridad de cajeros automáticos y registros de cámaras de locales comerciales de Los Vilos y La Ligua. Estas pruebas permitieron identificar el vehículo en el que los acusados se movilizaban.
Además, la policía y la Fiscalía recuperaron un arma de fuego utilizada para intimidar y agredir a la víctima, su tarjeta bancaria con la que los acusados obtuvieron dinero y un teléfono celular usado para realizar llamadas extorsivas a la familia de la víctima.
La coordinación y planificación de los acusados para cometer el delito fue evidente. Según el fiscal Villalobos, una de las menores engañó al joven secuestrado para alejarlo de su entorno seguro, tras lo cual los adultos lo subieron a un auto y lo llevaron a Pichidangui.
Este caso ha dejado una marca indelible en la comunidad de Illapel, y ha subrayado la importancia de proteger a los menores de edad y garantizar su seguridad. A medida que los culpables enfrentan las consecuencias de sus acciones, la comunidad busca sanar y avanzar, con la esperanza de que incidentes como este puedan ser prevenidos en el futuro.