Los gerentes de dos empresas de suministro de gases para uso médico, Indura y Linde, están siendo acusados de colusión, un delito económico que involucra la manipulación de precios, para obtener ganancias excesivas durante la pandemia de Covid-19 en Chile.
Indura es una filial del consorcio estadounidense Air Products & Chemicals, y Linde es una empresa transnacional de origen alemán con sede en el Reino Unido. Ambas empresas, a pesar de los graves cargos contra ellas, han evitado emitir un comunicado dirigido al público chileno.
Marcelo Torres Bruce de Indura, y Sergio Novelli Da Silva de Linde, son los gerentes acusados de diseñar y ejecutar la colusión. Se informa que se reunieron en varias ocasiones en cafeterías de Santiago para planificar su esquema de colusión, en un acuerdo que han llamado «un pacto de no agresión».
Las reuniones culminaron con la decisión de dividir el mercado entre las dos empresas, asegurando que no habría competencia entre ellas y que podrían cobrar precios más altos por sus productos. La colusión supuestamente comenzó en noviembre de 2019 y continuó hasta 2021.
El efecto de esta colusión fue devastador para los hospitales públicos de Chile, que luchaban por atender a los pacientes de Covid-19 durante la pandemia. Se informa que el Hospital Félix Bulnes tuvo que pagar un 41% más por los gases medicinales debido a la colusión.
El diputado Vlado Mirosovic describió la colusión como «inhumana» y agregó que era «inaceptable» que las empresas se aprovecharan de la pandemia para obtener ganancias desmesuradas.
La colusión entre Indura y Linde es solo el último ejemplo de este tipo de delito económico en Chile, donde se han registrado casos similares en los últimos años con las grandes empresas de pollo, papel sanitario y farmacias.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una denuncia por colusión en abril, alegando que las empresas habían cometido colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales. La denuncia detalla cómo las empresas supuestamente se coludieron para garantizar compras con sobreprecios, afectando a hospitales públicos y otras instituciones.
El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, calificó la colusión de las empresas como «escandalosa», especialmente porque se produjo durante una crisis de salud.
A pesar de la gravedad de los cargos, es posible que las empresas no enfrenten sanciones significativas. La FNE ha pedido que Indura pague 31 millones de dólares por el delito y está multando al exgerente Marcelo Torres con una suma considerable. Sin embargo, Linde y su exgerente Sergio Novelli podrían evitar las sanciones ya que proporcionaron información a la Fiscalía en virtud de la ley de delación compensada.
A pesar de las acusaciones, Indura y Linde pueden seguir operando en Chile sin restricciones, incluso con la capacidad de monopolizar el mercado con sus precios fijos. Esto ha provocado críticas por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio y otros sectores empresariales.
Los valores que las empresas afirman tener, como la «seguridad», «integridad» y «responsabilidad», se han puesto en tela de juicio debido a sus acciones en este caso. Aunque Linde afirma en su sitio web que asume la responsabilidad por su desempeño, no ha emitido ninguna declaración sobre su participación en el caso de colusión.
