El reciente sondeo semanal realizado por la encuesta Black & White ha arrojado luz sobre la discusión en torno a la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), en particular con respecto a la restitución de la justicia militar y cómo afectaría a la crisis de seguridad que azota al país.
El 2 de mayo, después de largos debates en las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Constitución de la Cámara de Diputados, se aprobó una indicación controversial que busca devolver a la justicia militar los casos en que militares o policías cometan un delito relacionado con las RUF. Según Paola Assael, de Black & White, estos resultados reflejan la desesperación de la ciudadanía por medidas que favorezcan la seguridad, a la par con la protección y empoderamiento de las fuerzas de orden. No obstante, también se percibe que la restitución de la justicia militar puede socavar el estado de derecho.
La indicación controvertida establece que durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, la custodia de áreas de zonas fronterizas y el mantenimiento del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios que menciona la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar.
Esta indicación añade que los civiles que hayan intervenido en estos hechos nunca serán juzgados por los tribunales militares. Sin embargo, durante la votación en la Sala, los diputados aprobaron en general el proyecto, aunque se excluyó el artículo relativo a la transferencia de causas que involucraban a las FF.AA. y Carabineros a la justicia militar. A pesar de esto, algunos parlamentarios insistirán en este aspecto en el Senado.
Según los resultados de la encuesta, las opiniones sobre la restitución de la justicia militar presentan contradicciones y/o posiciones encontradas. Una mayoría leve (53%) está muy de acuerdo o de acuerdo con que restituir la justicia militar es un retroceso que atenta contra la imparcialidad judicial mínima propia de un Estado de Derecho. Al mismo tiempo, una leve mayoría (52%) también está muy de acuerdo o de acuerdo con que la medida proporciona soluciones a las necesidades actuales de seguridad nacional, y que es una competencia que se debe devolver a tribunales militares el juzgar a carabineros y militares cuando haya víctimas civiles.
Asimismo, se destaca que la mayoría considera que la medida de restituir la justicia militar se justifica en el contexto nacional actual. Sin embargo, estas cifras reflejan la desesperación de la ciudadanía por medidas que privilegien la seguridad, que va de la mano con el empoderamiento y protección a las fuerzas de orden, aunque al mismo tiempo se percibe que la restitución de la justicia militar puede atentar contra el estado de derecho.
En relación al debate por RUF y justicia militar, la gran mayoría (84%) está al tanto de la reciente discusión para reponer la indicación sobre el rol de la justicia militar en el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Esta proporción aumenta entre hombres, GSE C2, y entre personas mayores de 35 años.
Al presentar una serie de frases a los encuestados, un 58% está de acuerdo o muy de acuerdo con que existen fiscales y actores de la justicia que persiguen sesgadamente a carabineros y militares. Por otro lado, las posturas sobre la restitución de la justicia militar presentan contradicciones. Un 53% está muy de acuerdo o de acuerdo con que restituir la justicia es un retroceso que atenta contra el mínimo de imparcialidad judicial propio de un Estado de Derecho. Al mismo tiempo, un 52% está muy de acuerdo o de acuerdo con que la medida aporta soluciones a las necesidades actuales de seguridad nacional, y que es una competencia que se debe devolver a tribunales militares.
