El lunes pasado, las fuerzas del régimen de Israel lanzaron un ataque contra el hospital Al-Shifa, situado en la Franja de Gaza, que resultó en varios muertos, heridos y decenas de detenidos. De acuerdo a los informes, uno de los proyectiles disparados por el ejército israelí provocó un incendio en la entrada del hospital que causó síntomas de asfixia a varios pacientes, incluyendo mujeres y niños.
Las fuerzas militares irrumpieron en el hospital y procedieron con la detención de 80 individuos. La oficina de medios del gobierno en Gaza informó que este acto de violencia provocó gran miedo y pánico entre miles de pacientes, personal médico y los desplazados palestinos que habían buscado refugio en el complejo hospitalario, el más grande de la Franja de Gaza.
Las fuerzas de Tel Aviv, fuertemente armadas, emplearon tanques y drones para atacar las instalaciones de Al-Shifa. Los oficiales del gobierno en Gaza han denunciado este acto como un nuevo crimen de guerra que añade a la lista de atrocidades cometidas por el ejército israelí, que continúa masacrando a la población y destruyendo hospitales en la asediada Gaza.
El Ministerio de Salud de Gaza reportó que aproximadamente 30,000 personas, incluyendo civiles desplazados, pacientes heridos y personal médico, se encuentran atrapadas dentro del hospital. Se advierte que cualquiera que intente moverse se convierte en blanco de disparos de francotiradores y de cuadricópteros.
El ejército israelí ha justificado su ofensiva alegando que algunos «altos mandos» del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) se encontraban «reagrupados» en el hospital y lo estaban utilizando para dirigir ataques contra blancos israelíes.
Las autoridades de salud de Gaza han rechazado estas acusaciones y han emitido un comunicado denunciando que «la ocupación israelí continúa utilizando sus narrativas fabricadas para engañar al mundo y justificar el asalto al complejo médico de Al-Shifa”.
La declaración recuerda que los ataques a instalaciones civiles, incluyendo hospitales, constituyen “una violación flagrante del derecho internacional humanitario”, y responsabiliza a la ocupación israelí por las vidas del personal médico, los pacientes y las personas desplazadas dentro del centro.
En noviembre de 2023, Israel llevó a cabo una redada similar en el centro médico, lo que provocó una condena internacional generalizada.
Desde el inicio de los ataques indiscriminados contra la Franja de Gaza a principios de octubre, el régimen israelí ha matado al menos a 31,645 palestinos y ha herido a 73,676, según estimaciones oficiales.
Además, la entidad sionista ha impuesto un “asedio total” al territorio, cortando el suministro de combustible, electricidad, alimentos, agua y medicamentos a los más de dos millones de palestinos en la bloqueada franja. Este asedio ha agravado aún más la crisis de salud en la región, afectando gravemente el acceso a servicios de salud básicos y necesarios para la población.
Este ataque al hospital Al-Shifa no sólo es un acto de violencia que ha resultado en la pérdida de vidas inocentes, sino que también representa un ataque a la infraestructura de salud en la Franja de Gaza, comprometiendo seriamente la capacidad de la región para proporcionar atención médica a su población. La destrucción de hospitales y otros centros de atención médica es una violación directa del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques a instalaciones que proporcionan atención médica a la población civil.
En un momento en que la región ya está lidiando con una crisis de salud debido al asedio israelí, este ataque sólo sirve para empeorar la situación, dejando a miles de personas sin acceso a atención médica vital. Los impactos de este ataque se sentirán no sólo en términos de las vidas perdidas, sino también en términos de la capacidad de la región para cuidar a sus enfermos y heridos.
El mundo debe tomar nota de estos crímenes de guerra y actuar para poner fin a esta violencia. La protección de la infraestructura de salud y la provisión de atención médica a los necesitados no sólo es un derecho humano básico, sino también una necesidad urgente en tiempos de conflicto y crisis.
