En medio de una creciente controversia, los familiares de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en Perú han expresado su rechazo a la postura del Estado peruano sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Los casos más emblemáticos que han salido a la luz son los de La Cantuta y Barrios Altos, donde las atrocidades cometidas han dejado una cicatriz imborrable en la sociedad peruana.
Las familias de las víctimas sostienen que la decisión del Tribunal Constitucional ha tenido un impacto de gran magnitud en el acceso a la justicia. Durante décadas, estas personas han luchado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación ante estos crímenes de lesa humanidad. Para ellos, la liberación de Fujimori es un golpe duro que desvirtúa años de esfuerzos por hacer que el exmandatario rinda cuentas por sus actos.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en relación con estos casos. Sin embargo, en 2017, cuando se intentó indultarlo, la Corte Interamericana intervino y lo impidió. No fue hasta finales de 2023 que el exmandatario fue liberado, una decisión que ha provocado la indignación de los familiares de las víctimas y la población peruana en general.
A pesar del rechazo generalizado y las alegaciones de desacato por parte de la misma Corte Interamericana, el Gobierno peruano se mantiene firme en su decisión. Los casos de Barrios Altos y La Cantuta son considerados un ejemplo de justicia, ya que otros países replicaron su enfoque en lo que respecta a casos de violaciones de derechos humanos.
La sentencia del caso Barrios Altos tuvo tal impacto que llevó a la anulación de las leyes de amnistía en países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto ha creado un referente regional muy poderoso que debe ser tomado en consideración. La jurisprudencia peruana ha marcado un punto de interpretación que ha sido consolidado en el tiempo, en el sentido de prohibir las amnistías a violadores de derechos humanos, ya que contravienen normas y obligaciones internacionales, así como los derechos fundamentales de las víctimas a acceder a la justicia.
La posición de la sociedad peruana respecto a la liberación de Fujimori también es notable. Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 77 % de peruanos está en desacuerdo con que Alberto Fujimori haga política luego de haber sido indultado. Esta estadística refleja el amplio rechazo que existe hacia la decisión del Tribunal Constitucional y pone de manifiesto la lucha constante de los familiares de las víctimas por mantener viva la memoria de sus seres queridos y lograr que se haga justicia.
En este escenario de división y controversia, la liberación de Fujimori es un tema que continúa generando debate en la sociedad peruana. La lucha por la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Perú es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la impunidad y la necesidad de rendición de cuentas por parte de quienes ocupan cargos de poder.
La liberación de Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, ha dejado al descubierto la tensión existente entre la justicia y la política en Perú. Mientras el Gobierno insiste en mantener su postura, los familiares de las víctimas continúan luchando por la justicia y la verdad, un esfuerzo que no solo es relevante para Perú, sino también para otros países de la región que han experimentado violaciones similares a los derechos humanos. Este es un tema que trasciende las fronteras nacionales y pone de relieve la importancia de la justicia y la rendición de cuentas en la protección de los derechos humanos.
