En un importante desarrollo que seguramente ayudará a reactivar la economía en medio de la pandemia de COVID-19, el SEREMI de Obras Públicas, Javier Sandoval Guzmán, ha presentado el Plan para el Crecimiento y la Liquidez de las Empresas de Obras Públicas. Este plan crucial es una respuesta a la necesidad de reactivación económica y se ha diseñado para proporcionar recursos anticipados para la ejecución de obras y agilizar la gestión de contratos, asegurando así una continuidad en la ejecución de infraestructura.
Una de las medidas vitales adoptadas implica la instrucción de la Dirección General de Obras Públicas para proporcionar un adelanto del 20% del valor de las obras a las empresas que lo soliciten. Esta medida permitirá a las empresas comenzar sus proyectos utilizando recursos del propio contrato. Además, se ha aprobado una serie de medidas por la Contraloría General de la República, como la posibilidad de reemplazar la garantía de anticipo, a medida que avanzan las obras, en un esfuerzo por proporcionar liquidez a las empresas. Este paquete de medidas ya está operativo.
El Vicepresidente del Comité Ampliado de Infraestructura Pública de la CCHC, Sergio Quilodrán Muñoz, expresó su satisfacción con estas medidas, destacando que son bienvenidas ya que permiten la asociatividad, la obtención de actos administrativos a corto plazo y la posibilidad de optar a los anticipos que se requieren hoy en día. Hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en este ámbito, señalando que aunque existen soluciones en el ámbito administrativo, también se necesita el ámbito reglamentario, especialmente con los fondos de garantía que se encuentran actualmente en trámite.
Por su parte, el SEREMI de Obras Públicas, Javier Sandoval Guzmán, agradeció la instancia de participación y subrayó que el Ministerio ha proporcionado todas las herramientas necesarias para proporcionar flexibilidades y certezas a las empresas que trabajan con ellos. Recordó que durante estos años, el país ha enfrentado escenarios complejos como la pandemia y su posterior recuperación. Por eso, estas y otras medidas ayudarán a que las empresas puedan trabajar de manera más segura. Un ejemplo de ello fue el reajuste polinómico retroactivo que desde el año 2022, ha significado una inversión MOP de más de 151 mil millones de pesos para 1.738 contratos.
Otra medida adoptada es la posibilidad de otorgar al contratista un anticipo para financiar partidas contratadas como “valores proforma” (trabajos de cambio de servicios antes de comenzar la obra), como cambios en servicios de luz, agua, telefonía, gas, entre otros, que las empresas deben contratar a terceros. Esta medida impactará en cerca del 40% de los contratos de la Dirección de Vialidad. Además, para abordar la dificultad que presenta el Ministerio de Obras Públicas cuando se terminan los contratos anticipadamente, el MOP podrá intervenir en las obras que quedan abandonadas, ejecutando las obras provisionales que se requieran por razones de seguridad o que sean indispensables para evitar trastornos a la comunidad o el deterioro de lo construido.
Además, se amplían las causales por las cuales es posible la ejecución inmediata de modificaciones de contratos sin esperar la tramitación que lo aprueba y medidas como la posibilidad de formar consorcios para sumar capital o experiencia y la facultad de inscribir en el registro de contratistas a empresas relacionadas pasan a ser una norma permanente y ya no solo para los años 2023-2024.
Este plan se suma a otras acciones adoptadas en 2022 y 2023 como el reajuste polinómico retroactivo que desde 2022 ha significado una inversión por parte del MOP de MM$151.256 para 1.738 contratos; el trabajo conjunto con BancoEstado para que las empresas contratistas puedan acceder a productos y tarifas preferenciales; el paquete de medidas normativas Pro Pyme anunciadas el año pasado, que permitió ampliar hasta un 50% la subcontratación y que los contratistas de obras menores pudieran postular a proyectos de hasta 20.000 UTM.
