En un reciente desarrollo en la ciudad de Ovalle, la Contraloría ha aceptado una denuncia contra la Municipalidad de Ovalle por la contratación directa de artistas, un tema que ha sido objeto de disputa continua. El último capítulo de esta prolongada controversia implica la contratación de la popular cantante chilena María José Quintanilla, mediante la intermediaria AYM Producciones Spa.
La denuncia subraya que la Municipalidad de Ovalle contrató injustificadamente a AYM Producciones Spa para una presentación de la cantante María José Quintanilla en febrero de este año. De acuerdo con el dictamen, la empresa no era el representante legal de la artista, sino que simplemente tenía un poder simple.
La contratación se basó en la cláusula del artículo 10, N° 7, letra e, del decreto N° 250, que se refiere a proveedores que poseen derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros. Sin embargo, la denuncia incluye una ‘carta poder’ de José Quintanilla Sandoval, que se presenta como el representante de María José Quintanilla Sandoval, otorgando a la empresa en cuestión un poder especial de representación para la contratación del evento en la Municipalidad de Ovalle.
El informe oficial añade que, dado que no se cumplen los requisitos para la causal invocada, la contratación no se ajustó a derecho, por lo que la denuncia se acepta en este sentido.
Varios concejales han expresado su preocupación por este asunto, especialmente porque no es la primera vez que se plantea. Patricio Reyes se mostró particularmente molesto, afirmando que los tratos municipales estaban mal hechos y que el alcalde estaba mal asesorado. Reyes también señaló que esta situación arroja dudas sobre la administración pública y daña su imagen.
Otro concejal, Gerald Castillo, señaló que no es aceptable realizar estas compras por cantidades tan grandes. Castillo enfatizó que existe una crisis real con respecto a las compras públicas y que debería haber más exigencia con los proveedores, aplicar sanciones y exigir el cumplimiento de los plazos.
Ambos concejales han instado a la Contraloría a emitir un veredicto final sobre estas malas prácticas, y han pedido al alcalde que explique la situación al concejo municipal completo.
Mientras tanto, la Municipalidad de Ovalle ha indicado que, antes de que la Contraloría fuera informada de los hechos, el alcalde había ordenado un proceso sumarial para determinar las posibles responsabilidades funcionales y administrativas que podrían existir. Este proceso, dijeron, está en pleno desarrollo.
La Municipalidad también subrayó que está comprometida a garantizar que todos los actos administrativos se ajusten a derecho y que cualquier irregularidad debe ser investigada y sancionada como corresponde. Este desarrollo señala la importancia de mantener la transparencia y la responsabilidad en todas las actividades de la administración pública, especialmente en lo que respecta a las contrataciones.
