En 2022, Alexis Pizarro, anteriormente a cargo de Remuneraciones en la Corporación Gabriel González Videla, presentó una demanda laboral por despido injustificado contra la organización, que opera bajo la jurisdicción del municipio de La Serena.
La demanda surgió tras una investigación interna de la corporación relacionada con un fraude millonario en el Departamento de Salud. Se demostró que se habían realizado pagos «improcedentes» por más de $760 millones de pesos. Pizarro fue señalado como responsable de estar al tanto de los «movimientos irregulares» y de no informar a su jefatura directa ni de tomar medidas para remediar el daño causado. Como resultado, fue despedido el 20 de abril del mismo año.
Después de su despido, Pizarro acudió a la justicia laboral, alegando una violación de sus derechos fundamentales. A pesar de que el proceso se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2022, la ausencia de una sentencia obligó a retomar el caso bajo las instrucciones de la Corte de Apelaciones de La Serena. La audiencia del juicio fue anulada, y el proceso tuvo que repetirse.
Después de más de dos años y una serie de procesos legales, que incluían audiencias, presentaciones de testigos e informes, finalmente se dictó la sentencia. El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena rechazó la demanda de despido injustificado, la indemnización por daño moral, la nulidad de la desvinculación y el cobro de compensaciones. También se decidió que cada parte pagaría los costos del juicio.
El juez Gonzalo Martínez Merino basó su decisión en la evidencia presentada durante el juicio. Declaró que Pizarro había emitido un «Informe Boletas de Honorarios» a su jefatura directa en enero de 2022. En este informe, entregado a la directora del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, Eugenia Cifuentes Lillo, Pizarro presentó una serie de tablas y descripciones relacionadas con el proceso de pago de boletas de honorarios en el Departamento de Salud.
Según Pizarro, el informe fue emitido a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades dentro de la corporación que se publicó en las redes sociales en diciembre de 2021. A su regreso de vacaciones, se percató de que había un problema con las boletas.
Posteriormente, Eugenia Cifuentes Lillo envió un memorándum al secretario general de la corporación pidiendo una investigación interna contra Pizarro. En este memorándum, señaló que Pizarro había entregado información de manera tardía sobre hechos relacionados con el ingreso y pago de boletas de honorarios a empleados sin órdenes de trabajo y contratos en el Área de Salud.
La investigación interna reveló que la secretaria del Departamento de Salud, Bélgica Guerra Galleguillos, había estado ingresando y anulando boletas de honorarios constantemente.
En su fallo, el juez dijo que Pizarro no había presentado evidencia suficiente de que sus derechos fundamentales habían sido violados. Más bien, argumentó, Pizarro parecía estar tratando de eludir su responsabilidad por los graves problemas que se habían producido dentro de la corporación.
En cuanto a las afirmaciones de Pizarro sobre el «trato humillante y atentatorio» que supuestamente recibió durante la investigación interna y en el momento de su despido, el tribunal determinó que, de acuerdo con la evidencia presentada, Pizarro estaba tratando de desvincularse de su responsabilidad en los graves incidentes que habían ocurrido en la corporación.
La única testigo de Pizarro, Karen Rivera Cerda, quien trabajó con él como profesional de apoyo de Remuneraciones, justificó en su testimonio el comportamiento de Pizarro. Según ella, Pizarro había actuado correctamente al constatar irregularidades en el proceso de pago de boletas de honorarios que resultaron ser falsas.
