La Comisión de Libertad Condicional en la jurisdicción de La Serena, que tiene la obligación de reunirse dos veces al año durante cinco días, ha examinado un total de 398 solicitudes presentadas por el tribunal de conducta de la Gendarmería de la Región de Coquimbo. Estas solicitudes corresponden a los internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.
El presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Iván Corona Albornoz, quien también es el líder de la comisión, anunció que en esta ocasión se concedieron 46 solicitudes, lo que representa el 11,5% del total. Por otro lado, se rechazaron 352 solicitudes, correspondientes al 88,5% del total.
De las solicitudes aceptadas, 36 pertenecen al centro penitenciario de La Serena, mientras que 5 fueron de Ovalle y 5 de Illapel. El ministro Corona enfatizó que todas las carpetas fueron examinadas minuciosamente para asegurar que cumplían con los requisitos que establece la ley.
La comisión tuvo en cuenta factores como el riesgo de reincidencia, los informes psicosociales proporcionados por la Gendarmería de Chile y, por supuesto, el cumplimiento de todos los demás requisitos legales. Corona explicó que los requisitos para optar al beneficio están relacionados con el cumplimiento de un tiempo mínimo de privación de libertad. En el caso de los delitos más graves, esto corresponde a dos tercios de la pena total impuesta.
Además, se consideran las conductas que los internos hayan mantenido durante un cierto periodo de tiempo, el riesgo de reincidencia y los factores psicosociales y redes de apoyo que los internos puedan tener en el medio libre. Corona agregó que la comisión evalúa una serie de factores para determinar si existe o no un riesgo de reincidencia que impida la concesión del beneficio.
Corona también señaló que la cantidad de solicitudes de libertad condicional es alta debido a que la región tiene un gran centro de cumplimiento penitenciario que alberga a un gran número de internos que están cumpliendo condena. Esto, además de la población penal de Ovalle o Illapel, da lugar a un alto número de solicitudes.
En cuanto a las personas beneficiadas, el ministro aseguró que no recordaba casos específicos, pero enfatizó que la comisión evalúa todos los casos de la misma manera, utilizando los mismos criterios y antecedentes.
Uno de los nuevos requisitos legales implementados para otorgar o no el beneficio de la libertad condicional es que las víctimas puedan oponerse a la concesión del beneficio. En la jurisdicción se presentaron 11 oposiciones, 10 de ellas fueron escritas y una se realizó en una audiencia por zoom.
La comisión estuvo compuesta por los jueces orales Carlos Manque, Eugenia Gorichón y Claudio Weishaupt, los jueces de Garantía, Claudio Ayala y Carolina Baroncini y la secretaria del tribunal de alzada que actuó como ministra de fe.
Para solicitar la libertad condicional, los internos deben cumplir con una serie de exigencias que se encuentran establecidas en el Decreto Ley N° 321 del año 1925. Entre los requisitos se destaca haber cumplido la mitad de la pena que se le impuso por sentencia definitiva, tener una conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde se cumple la condena o mantener una actividad laboral, y haber asistido con regularidad a la escuela del penal.
Según la ley, la comisión debe reunirse dos veces al año, en abril y octubre, para revisar y tomar decisiones sobre las solicitudes de libertad condicional presentadas por los internos de los centros penitenciarios de la región.
