Un funcionario de seguridad en un recinto penal se percató de una irregularidad durante el horario de visitas. Tras la atención de su abogado particular, uno de los internos fue descubierto portando un envoltorio entre sus ropas. El paquete contenía más de 93 bolsas dosificadas de diferentes características, una cantidad importante de comprimidos y fibra vegetal de color verde, todos elementos prohibidos para la administración carcelaria y constitutivos de delito.
El Director Regional de Gendarmería, Coronel Rafael Cadenas Parra, señaló que en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, los funcionarios realizan un registro de los internos antes y después de la visita de los abogados. El funcionario de servicio descubrió la gran cantidad de elementos prohibidos para el régimen penitenciario después de la visita del abogado en cuestión.
El oficial destacó el nivel de profesionalismo del funcionario que fue capaz de detectar estos elementos prohibidos ingresados por esa vía. Según la normativa vigente establecida en el decreto 643, se permite el registro de las especies que porta el abogado pero no su registro corporal. El funcionario de guardia pudo descubrir esta gran cantidad de sustancias ilícitas que, de ser ingresadas a la unidad penal, ponen en grave riesgo la seguridad del régimen interno.
Finalmente, el hecho fue denunciado al Ministerio Público por bitácora web, disponiendo que personal de la BICRIM de la PDI tome declaración en calidad de imputado al abogado, además de las diligencias en virtud de la incautación.
Esta situación subraya el desafío constante que enfrenta la administración carcelaria para mantener la seguridad y el orden en los recintos penales. Los esfuerzos para contrabandear elementos prohibidos, a menudo con el apoyo de individuos de confianza como abogados, amenazan la integridad del sistema penitenciario y la seguridad de todos los que trabajan y viven en estos recintos.
El contrabando de elementos prohibidos en las prisiones es un delito grave que puede resultar en sanciones adicionales para el interno y posibles cargos criminales para quienes intentan facilitar el contrabando. En este caso, el abogado que supuestamente ayudó al interno a obtener los elementos prohibidos ahora enfrenta la posibilidad de ser imputado y enfrentar su propio proceso judicial.
La vigilancia constante y el profesionalismo de los funcionarios de seguridad son fundamentales para prevenir y detectar estos intentos de contrabando. Los oficiales de seguridad en las prisiones están en la primera línea de defensa contra el contrabando y su trabajo es esencial para mantener la seguridad y el orden en estos recintos.
Dada la seriedad del asunto, es de esperar que el Ministerio Público y la BICRIM de la PDI llevarán a cabo una investigación exhaustiva para determinar la naturaleza exacta del delito y asegurar que se tomen las medidas apropiadas contra los responsables.
Este hecho ilustra la importancia de la vigilancia y el control en los recintos penales y la necesidad de mantener altos estándares de profesionalismo y ética entre aquellos que trabajan en estos recintos. También destaca la importancia de la cooperación entre las diferentes agencias y departamentos para garantizar la seguridad y el orden en las instituciones penitenciarias.
El contrabando en las prisiones es un problema persistente que requiere una vigilancia constante y una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Este incidente es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la profesionalidad de los funcionarios de seguridad en la prevención y detección de estos delitos.
