El mercado de la uva en la Región de Coquimbo está atravesando por un periodo turbulento y la sequía no es el único factor que está causando estragos en el sector. En las últimas horas, ha surgido una grave denuncia de irregularidades en torno a la Denominación de Origen del Pisco.
El ex seremi de Minería y ex constituyente por la región, Roberto Vega Campusano, ha alzado la voz contra una al parecer infracción que estaría socavando la integridad de la Denominación de Origen del Pisco. Según sus afirmaciones, se estaría comercializando uva desde el valle del Itata, Región del Ñuble, hacia la Región de Coquimbo, una actividad que está en directa contradicción con el decreto que protege la Denominación de Origen del Pisco.
Vega descubrió la situación a través de una nota compartida en Facebook por la Asociación de Agricultores del Maule, en la que se mencionaba una reducción en las uvas destinadas para la fabricación del pisco en la Región de Coquimbo. Según la nota, los productores estarían comprando la variedad Moscatel de la provincia del Itata, y transportándola hasta la región pisquera de Coquimbo. Esta actividad es contraria a la ley 18.455 y al reglamento que determina lo que es la Denominación de Origen del Pisco.
La responsabilidad de supervisar y controlar estas situaciones recae sobre el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Sin embargo, Vega denuncia que la violación de la Denominación de Origen no solo perjudica a la identidad del pisco, sino que también impacta en el precio de la uva. Los agricultores de la región ya han estado luchando contra la sequía y, en lugar de que el precio de la uva aumente, la importación ilegal de uvas desde otras regiones está causando una caída en el precio.
El decreto 521 es el que establece el reglamento de la D.O. del Pisco. En su artículo 5 se establece que “en la elaboración del pisco solo podrá emplearse alcohol de vino proveniente de las siguientes variedades de uva de la especie viticultura viniera L., plantadas en la zona pisquera”. Además, la Ley 18.455 establece sanciones por incumplimiento, que pueden llegar hasta las 5 mil UTM.
Vega hace un llamado al SAG para que realice su labor de fiscalización y control, pero también insta a la región a proteger lo que es suyo. Según Vega, un paso sencillo que se podría tomar sería instalar un puesto de control en el peaje de Pichidangui para fiscalizar los camiones que transportan las uvas, o bien, solicitar al Servicio de Impuestos Internos que investigue a las personas que están comprando uvas fuera de la Región de Coquimbo.
En respuesta a las acusaciones, el director regional (s) del SAG, Jorge Fernández, afirmó que el organismo está llevando a cabo fiscalizaciones. Sin embargo, invitó a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales.
El mercado de la uva y la producción de pisco son sectores críticos para la economía de la Región de Coquimbo. Mantener la integridad de la Denominación de Origen del Pisco es vital para la salud de estos sectores y para la identidad de la región. Como tal, es crucial que se tomen medidas para abordar las irregularidades y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas.
La situación actual subraya la importancia de un sector agrícola regulado y supervisado. No solo tiene implicaciones económicas, sino que también tiene un impacto en la identidad cultural de una región. En última instancia, es un recordatorio de que los mercados funcionan mejor cuando hay transparencia, responsabilidad y un respeto estricto por las normas y regulaciones.
